Lo que más me molesta es que alguien se llame correísta, ni yo soy correísta. Así que no hay que personalizar este proceso. En lo que sí estoy de acuerdo es en que hay que descorreizar y profundizar la Revolución Ciudadana
Atentamente .
Rafael
jueves, 28 de febrero de 2013
GAP 2013
sábado, 23 de febrero de 2013
A diferencia de otros
proyectos emancipadores y liberadores, el socialismo del Buen Vivir tiene como
terreno y fin último de su acción política la defensa y el fortalecimiento de
la sociedad, del trabajo y de la vida en todas sus formas. Para lograrlo, el
primer paso es resolver el acceso a los bienes, a las oportunidades y a las
condiciones materiales e inmateriales que garanticen −a los individuos, los
colectivos y las generaciones futuras−, una forma de vida digna sin perjudicar
a la naturaleza y a las especies con las cuales compartimos el planeta. Nuestro
mundo es como una nave espacial, en la que contamos con recursos limitados,
porque limitado es el espacio en el que compartimos la vida, y por tanto
tenemos que cuidarlo. El Buen Vivir no es solo un concepto, es una realización
cotidiana de los seres humanos.
El horizonte político de la
Revolución Ciudadana es el socialismo del Buen Vivir que articula la lucha por
la justicia social, la igualdad y la abolición de los privilegios con la
construcción de una sociedad enmarcada en el respeto a la diversidad y en
armonía con la naturaleza, donde todos y cada uno puedan desarrollar sus
capacidades y conducir su vida de modo digno, libre y autodeterminado. Nuestro
desafío fundamental es lograr la universalización de los derechos y su
transformación en oportunidades y capacidades para que todos y cada uno de los
habitantes del suelo ecuatoriano lleven una vida en plenitud. La
autorealización y la felicidad de cada uno van de la mano de la consecución del
bienestar colectivo, del mutuo reconocimiento y la solidaridad, del respeto a
la dignidad de los otros y del cuidado de la Pacha Mama.
Debemos crear las condiciones
para que cada uno de nosotros mejore su vida de manera
constante, sin que ello
implique el deterioro de las oportunidades de los demás. Nuestra acción se
dirige a la construcción de un Estado orientado al servicio del interés
general, a la protección de los intereses de las grandes mayorías y con
capacidad de gobernar y modificar las líneas centrales de la dominación
capitalista. La acción colectiva de un Estado democrático, que requiere de la
constante organización popular y cooperativa de la sociedad, permite evitar el
dominio de los poderes fácticos y de los particulares intereses de los
poderosos sobre el conjunto de la sociedad.
El socialismo del Buen Vivir
cuestiona el patrón de acumulación hegemónico; es decir, la
forma en que las sociedades
capitalistas neoliberales se organizan para producir, crecer y distribuir.
Proponemos una transición hacia una sociedad en que la vida no esté al servicio
del capital o de cualquier otra forma de dominación. Afirmamos, de modo
radical, que la supremacía
del trabajo humano sobre el
capital es innegociable y que la defenderemos en todos los espacios de la vida
social en que pueda ser vulnerada. El trabajo no puede ser visto como un factor
más de la producción sino como el fin mismo de la producción y la base para el
despliegue de nuestros talentos. El mundo del trabajo es el espacio en que nos
reconocemos como seres sociales −como compañeros, trabajadores del campo y la
ciudad, empleados, profesionales, estudiantes, hombres y mujeres, que
compartimos saberes y destrezas generales− y como actores creativos en
constante ejercicio de nuestros derechos y libertades fundamentales. El
socialismo del Buen Vivir va de la mano con la construcción de una democracia
profunda que se nutre de la participación popular permanente en el proceso
político y en la vida pública del país. La vida en plenitud, la vida buena, el
Buen Vivir no se realizan sin el compromiso activo de la ciudadanía y de los
pueblos en la resolución de los problemas comunes. La política democrática es
una escuela ética y transformadora. Significa alcanzar un nuevo nivel de
convivencia al interior de la ciudadaníapara reconocernos en las aspiraciones y
en la lucha de los otros, y no sólo en las individuales.
Esto supone respetar la
diversidad cultural, de género, étnica y etaria; lo mismo que las diferentes
opciones y vivencias sexuales
y afectivas, creencias religiosas y políticas que se encuentran en nuestra
sociedad. Esta posición política y democrática nos convoca a todos los
ecuatorianos, mujeres y hombres, a la movilización permanente, por estos
derechos generales, que van más allá de nuestras legítimas luchasparticulares.
El socialismo del Buen Vivir
se identifica con la consecución del bien común y la felicidad de cada uno, que
no se logra mediante la acumulación de grandes riquezas y tampoco con el
consumo excesivo de bienes. Se obtiene con el máximo aprovechamiento de los
talentos y de las capacidades personales y colectivas presentes al interior de
un Estado democrático y de una ciudadanía activa. Se trata de un espíritu
vigoroso que empuja cada uno de nuestros esfuerzos por aprender y superarnos.
Está presente en el cultivo de la amistad, en el respeto, en la fraternidad, en
la solidaridad, en la compañía de nuestros seres queridos y en la armonía con
la naturaleza. El Buen Vivir forma parte de nuestras aspiraciones de una vida
en común para alcanzar la dignidad y la felicidad que todos y todas merecemos
en este planeta.
Nuestra propuesta política es
la combinación de diversas maneras de ver el mundo, seamos de cualquier región
o pertenezcamos a diferente pueblo o nacionalidad. Somos los actuales ecuatorianos,
hombres y mujeres, indígenas, cholos, afroecuatorianos, blancos, mestizos o
montubios, que ahora estamos dispuestos a convivir por el bien común, la
armonía y la construcción del socialismo del Buen Vivir.
El socialismo del Buen Vivir
es nuestra utopía. Nos permite no perdernos en el trayecto político. Podremos
errar en ciertos medios y confundirnos en determinados fines pero no podemos
perder de vista los principios que nos impulsan en la lucha por su consecución.
Afrontar el desafío de fortalecer
y dar continuidad al proyecto de la Revolución Ciudadana
exige una gran claridad en los
principios y valores que guían este proceso democrático.
Las orientaciones éticas y
filosóficas que señalaron el camino y aseguraron la realización de la primera etapa
de nuestro proyecto político continúan vigentes. Estas orientaciones cambian la
idea de que el presente es una pura fatalidad histórica a la que debemos
resignarnos o acostumbrarnos, como se habitúa el peatón al paisaje que observa
todos los días. La negación de la posibilidad del cambio obliga al ciudadano
común a ver el futuro desde el conformismo y niega así la posibilidad de
construir en el presente opciones de transformación y acuerdos colectivos que
permitan creer que otras formas de vida social son necesarias. Por todo esto
surge la necesidad de clarificar las principales orientaciones emancipadoras
para no perder de vista el camino hacia el socialismo del Buen Vivir. Hacia una
sociedad radicalmente justa
Las orientaciones éticas que
guían el socialismo del Buen Vivir se fijan dentro de una concepción
igualitaria y democrática de la justiciaque se expresa en cuatro dimensiones:
• La Justicia social y
económica como base del ejercicio de las libertades. En una sociedad justa,
todas y cada una de las personas gozan del mismo acceso a los medios
materiales, sociales
y culturales necesarios para
llevar una vida satisfactoria. La salud, la educación y el trabajo son las
bases primordiales de la justicia social. Con dichos medios, todos los hombres
y mujeres podrán realizarse como seres humanos y reconocerse como iguales en
sus relaciones sociales.
• La justicia democrática
participativa. En una sociedad políticamente justa, toda la ciudadanía debe
contar con el mismo poder para participar en el control colectivo de las
decisiones políticas que afecten su destino común, lo cual implica defender los
principios de igualdad política, participación y poder colectivodemocrático.
• La justicia
intergeneracional. En una sociedad justa desde el punto de vista intergeneracional,
los planes y las acciones que se apliquen en el presente deberán considerar
necesariamente a las generaciones presentes y futuras. Esta orientación marca
la responsabilidad que debemos asumir en el presente, fundamentalmente, con
respecto a los impactos ambientales
y sociales que podamos
ocasionar por el inadecuadouso de los recursos naturales y otras
decisiones que pongan en
riesgo las bases biofísicasde nuestra reproducción.
• La justicia transnacional
entiende que la patria soberana, autónoma y autodeterminada, debe relacionarse,
colaborar, cooperar e integrarse con otros países y pueblos en un plano de
igualdad y complementariedad, con el horizonte puesto en la generación de un
Buen Vivir mundial, en paz y seguridad (ecológica, social y política). La
combinación de estos principios propone
unir y dar sentido a las
libertades y garantías democráticas que hoy tenemos. Somos
responsables de construir un
porvenir justo y compartido.
Hacia una sociedad con trabajo
liberador
y tiempo creativo El punto de
partida de la libertad potencial
que genera el trabajo es que
la ciudadanía tenga
la posibilidad de asegurar su
propio sustento y autonomía.
Una agenda igualitaria
consiste en repartir toda la carga de trabajo (asalariado, mercantil
autónomo, no mercantil
doméstico y comunitario) y no solo la parte que se realiza como trabajo
asalariado. La reducción de la
jornada laboral
no es solo un instrumento para
una distribución más justa del trabajo asalariado, sino que puede
convertirse en la meta transformadora
de una sociedad que persigue crear más tiempo disponible
para las personas, para sus
actividades familiares, comunitarias y de recreación.
La sociedad debe estar
centrada en el trabajo pero no asentada en la propiedad estatal de
los medios de producción, sino
en un régimen
de propiedad mixto, en que
coexisten la propiedad privada regulada, el patrimonio público,
las comunidades y las
asociaciones colectivas
(cooperativas). Este modelo
tiene la potencialidad
de asumir, como objetivo
colectivo, la reproducción de la vida social y la garantía del
trabajo digno en diversas
esferas de relacionamiento
social. En un sentido
emancipador, se trata de transformar las relaciones sociales existentes,
de reequilibrar los tiempos
sociales y de abolir la división sexual del trabajo. Con ello se busca
reducir la presión en el
trabajo, sin descartar que se trata también de un espacio para el desarrollo de
facultades humanas, en beneficio de otras dimensiones de la existencia social:
el
ocio creador, el arte, el
erotismo, el deporte, la participación democrática, la celebración festiva,
el cuidado de las personas y
de la naturaleza y la participación en actividades comunitarias.
Hacia una sociedad igualitaria
y equitativa
Sin una base de igualdad no
hay sociedad posible. La igualdad es la condición para el mutuo reconocimiento
de todos y todas. La igualdad y el reconocimiento forjan las mínimas bases de
la cohesión social, sin las cuales no puede hablarse de justicia, de
democracia,
ni de sociedad.
No es suficiente dar más al
que menos tiene.
Se debe reducir también la
distancia que separa al uno del otro. La distribución de los recursos
debe reducir las brechas entre
posiciones sociales y económicas, a fin de auspiciar la integración
y la cohesión de los
individuos en la sociedad.
El objetivo en la producción y
distribución de bienes públicos debe ser la ampliación de
las coberturas y la mejora de
la calidad en la prestación de servicios. La focalización es un criterio
para priorizar acciones ante
emergencias momentáneas. Sin embargo, la universalidad solidaria es el
principio rector de una estrategia económica y social igualitaria para el
mediano
y largo plazo. Conceder a un
grupo de personas un derecho especial o particular, puede
tener un carácter temporal
para conseguir un objetivo específico, pero de ninguna manera puede convertirse
en el modus operandi de la política pública. Si esto ocurriera estaríamos
considerando al “beneficiario”
en una posición de subordinación e indignidad frente al resto
de la ciudadanía. Una sociedad
igualitaria es una comunidad política no estratificada, en el sentido de que no
genera grupos con opciones desiguales de acceso y uso de los recursos sociales.
Una
sociedad de iguales no
significa que todos y todas deban tener el mismo ingreso, nivel
y estilo de vida, los mismos
gustos, deseos o expectativas. Supone, más bien, que toda la
ciudadanía se reconozca como
parte de una comunidad política en que tienen derechos,
garantías y recursos mediante
los cuales desarrollar, en similares condiciones, sus específicos proyectos de
vida. Como sostuvo el Libertador Simón Bolívar: “Sin igualdad perecen todas las
libertades, todos los derechos”. La igualdad como inclusión de los individuos
y colectivos en la comunidad
política articula políticas distributivas y redistributivas
–todo para todos−, el combate
frontal a los privilegios de todo tipo, el reconocimiento de las diferencias y
el desmontaje de las jerarquías y formas de subordinación que impiden la
fluidez
de las relaciones sociales. La
construcción de una sociedad igualitaria no se resuelve en términos
individuales sino en la modificación de las pautas distributivas generales y en
la transformación de una estructura social que no habilita la movilidad y la
inclusión
de las mayorías en la
comunidad política.
Hacia una sociedad de plenas
capacidades, emancipación y autonomía
Partimos de una máxima: el
libre desarrollo de todas las mujeres y hombres es la condición
para una sociedad emancipada.
La expansión de las capacidades del conjunto de la ciudadanía se convierte en
una meta para que todos puedan elegir de manera autónoma sus objetivos,
sea de manera individual o
asociada. La atención no debe estar centrada exclusivamente
en el acceso al bien mínimo, a
tener lo más elemental para vivir. El verdadero objetivo
es el desarrollo de las
capacidades fundamentales de las personas y la afirmación de las identidades que
constituyen su ser. El referente debe
ser una vida digna y no una
mera condición de
supervivencia. Se debe abogar,
entonces, por la expansión de las capacidades en el marco del
cumplimiento de los derechos
humanos y no únicamente quedarse en el acceso a simples metas de satisfacción
de necesidades mínimas. El objetivo es la garantía de los derechos de la
ciudadanía. Esto nos hace corresponsables del cumplimiento de los deberes con
los otros, sus comunidades y la sociedad en su conjunto.
Hacia una sociedad solidaria y
en común
Dignidad La construcción de la
cooperación, la solidaridad
y la fraternidad es un
objetivo acorde con una sociedad que quiere recuperar el carácter público y
social del individuo. No se busca promover solo un desarrollo personal y
egoísta, como ocurre en una sociedad de libre mercado. La fraternidad o
comunidad de acción se coloca en el corazón de los proyectos democrático- republicanos.
Parte del postulado humanista: “Yo te doy porque tú necesitas y no porque pueda
obtener un beneficio a cambio”. Se trata de un conjunto de valores y
motivaciones individuales que facilitan el desarrollo de la libertad positiva
de mujeres y hombres y que legitiman el principio de la redistribución de la
riqueza y la promoción de la igualdad social.
La fraternidad implica una
disposición cívica: involucra el reconocimiento de las necesidades
e intereses de los otros, la
aceptación de la justicia, de la ley y el respeto de las instituciones.
Esto se vuelve el fundamento
de una democracia fuerte, como forma de sociedad y de gobierno, pues no acepta
que persona alguna sea sometida a la voluntad de otras. Una base de fraternidad
impide que los objetivos personales se vean reducidos a un mero afán de obtener
réditos particulares. Ayuda a construir experiencias comunes para crear un porvenir
compartido en el que nadie dependa de otro particular para vivir con dignidad. La
idea intuitiva de una vida acorde con la dignidad humana sugiere que las
personas no solo tienen derecho a la vida, sino a una vida compatible con la
dignidad. Por lo tanto, abogamos por el reconocimiento de la misma dignidad
entre todos los seres humanos. Reconocernos en común dignidad nos iguala como
personas. Hacia una sociedad corresponsable y propositiva A diferencia de la
responsabilidad, que es la capacidad de una persona para asumir las consecuencias
de sus acciones y decisiones, la corresponsabilidad es un atributo de carácter social,
con el cual los individuos o las colectividades asumen responsabilidades
comunes para lograr un determinado fin o responder también a una situación
específica. Desde el punto de vista positivo y constructivo, la
corresponsabilidad refleja una actitud
de compromiso comunitario para alcanzar el mejoramiento de nuestras vidas. La
corresponsabilidad se opone a una actitud individualista y pasiva, que solo
espera el mejoramiento personal y el logro de beneficios y servicios que el
Estado puede darle a un ciudadano o a un grupo minoritario.
La corresponsabilidad es una
actitud social que se encuentra muy cercana a la solidaridad.
Podemos pensar en un futuro
mejor para el Ecuador si es que todos los ciudadanos, hombres
y mujeres, somos
corresponsables de nuestro propio destino como sociedad. No debemos esperar que
el Estado y sus instituciones nos resuelvan todas nuestras necesidades.
Esto lleva a demarcar, en
términos políticos, el ámbito de intervención del Estado, en los diversos
campos. Por ejemplo, en el
plano social, la primera responsabilidad les corresponde a los padres y las
madres. Son ellos, quienes, idealmente, deben velar por el bienestar de sus
hijos.
La maternidad y la paternidad
son, en primer lugar, responsabilidades individuales.
La Constitución nos garantiza
derechos pero la ciudanía debe cumplir también con deberes.
La corresponsabilidad
representa una actitud y capacidad colectiva para dar respuesta a situaciones
que son importantes para una comunidad. Podemos ser corresponsables de situaciones
beneficiosas para todos, cuando apoyamos acciones que la política pública
implementa para salud, educación, saneamiento ambiental, seguridad ciudadana,
prevención de desastres y atención de situaciones de emergencia, etc., en las
que nuestra participación y aportes son importantes para el éxito de una gestión.
Por ello decimos que la corresponsabilidad es también propositiva, porque
podemos presentar propuestas, desarrollar iniciativas, generar actitudes
creativas ante las situaciones que se nos presentan en la vida comunitaria.
Nuestra corresponsabilidad
–entendiendo siempre como actitud y acción colectiva− también
debe estar presente cuando en
ocasiones hacemos caso omiso de situaciones que lesionan
y causan daño a la vida de
nuestra familia, barrio o comunidad, como pueden ser el silencio cómplice en
temas de seguridad ciudadana, delincuencia o violencia intrafamiliar. La corresponsabilidad
es una manera de construir una cultura ciudadana que garantice nuestros
derechos y genere una actitud
colectivamente responsable para cumplir también con nuestras
obligaciones. La
corresponsabilidad en política pública es determinante para generar ciudadanía.
Se trata
de lograr una democracia viva
e intensiva, simétrica entre los ciudadanos y su organización
política. Parte del principio
de una necesaria renovación de la política, tanto desde el punto de vista
individual como colectivo, y de la necesidad de incluir distintas voluntades y compromisos
de la comunidad en la formulación de su destino. Nuestro Programa no se sustenta
sobre un pesado estatismo. Tampoco partimos de la ingenuidad de abandonar el
Estado,
por intereses particulares y
corporativos bajo determinadas conveniencias, como ocurrió en el
neoliberalismo. La corresponsabilidad significa encontrar el justo equilibrio
entre la responsabilidad del Estado, las instituciones y los ciudadanos. Hacia
una sociedad en armonía con
la naturaleza El respeto a la
naturaleza supone una responsabilidad ética con las actuales y futuras
generaciones, con la
gigantesca variedad de especies animales y vegetales y con los ecosistemas
que conviven en nuestro
territorio. La Constitución del Ecuador garantiza los derechos de la naturaleza
y un ambiente sano y sostenible. Este reconocimiento exige plantear las
actividades humanas dentro de los límites biofísicos del planeta y el cuidado
de los recursos
para las generaciones que vienen.
El funcionamiento de la economía prioriza una gestión eco-eficiente de los
recursos materiales y energéticos, mediante la aplicación de tecnologías y
prácticas que posibiliten el mantenimiento de la integridad, las funciones y
los servicios de los ecosistemas. El Estado asume la regulación del
ordenamiento del territorio y el control de las actividades de extracción de
los recursos naturales.
Esta responsabilidad puede
asegurar que los impactos negativos a nivel social y ambiental
sean mínimos y permitirá que
se apliquen medidas de restauración de las condiciones ecológicas del entorno
afectado. El bioconocimiento y la valoración de los servicios ecosistémicos
articulan el patrimonio natural con el talento humano, la investigación, la
tecnología y la innovación. Este enfoque representa una enorme oportunidad para
diversificar la matriz productiva del país Hacia una sociedad de los bienes y
derechos comunes
El Ecuador impulsa una
posición nacional en materia de los bienes comunes globales.
Ésta implica el derecho humano
al agua, los derechos de la naturaleza, y los principios de responsabilidades
comunes pero diferenciadas frente al cambio climático. La preservación de los
bienes y derechos comunes es el punto de partida para la obtención del
bienestar general y, por tanto, para el mejoramiento de las condiciones de vida
de los seres humanos. Es el resultado de una voluntad política colectiva. Los
bienes comunes son aquellos que pertenecen a todo el mundo en el presente y en
el futuro. Los bienes públicos son aquellos a los que todo el mundo debe tener
derecho aquí y ahora. Lo común es de todos y lo público es para todos. La idea
del bien común propone no sacrificar el futuro para alimentar el presente, la
idea del bien público añade a esto que no se puede preservar el futuro
sacrificando el presente. Estos conceptos van en contra del “todomercado” que
ataca la existencia de bienes comunes indivisibles, inalienables, inajenables e
incondicionalmente accesibles y utilizables por todos y todas. De la edificación
y protección de los bienes comunes, se deriva una nueva visión de la sociedad
en la que el ser humano pasa a ocupar un lugar central en la visión normativa de
la economía. Es priorizar la lógica del valor
de uso sobre el valor de
cambio, así como la lógica de la no-acumulación en contra de la pura
lógica capitalista del lucro
incesante. La idea de lo común es el reconocimiento de la imposibilidad de
reproducir lo social y el Buen Vivir en sociedad, sin la participación
horizontal de todas las formas de existencia social en un proyecto de máxima
igualdad, máximo reconocimiento
y máxima cooperación
productiva. Hacia una sociedad pluralista, participativa y autodeterminada
Un Estado efectivamente
democrático requiere instituciones políticas y modos de gobierno
públicos. Estas deben
sostenerse mediante una estructura de representación política pluralista y la
apertura de espacios de participación ciudadana para acrecentar su poder de
incidencia pública, sus capacidades de auto-gobierno y de organización social
autónoma.
El gobierno democrático
participativo entraña la presencia de una ciudadanía activa y
de fuertes movimientos
sociales que trabajen en redes abiertas con los agentes estatales,
para tratar cuestiones locales
y temas nacionales. También es necesario institucionalizar múltiples espacios
de participación a fin de que la ciudadanía gane capacidad de influencia y de control
sobre las decisiones políticas. La innovación institucional participativa
democratiza
la gestión pública y la vuelve
más eficiente, por cuanto se sustenta en las demandas
y en la información producida
colectivamente durante el diálogo público entre la sociedad y
el Estado. En la medida en que
dicha participación logra activar el interés y el protagonismo
de los sectores más desfavorecidos,
tiene además consecuencias concretas en una redistribución más justa de la
riqueza social.
Las bases sociales de la
democracia participativa apuntan alcanzar un tipo de igualdad sustantiva que
posibilita la reciprocidad entre sus miembros. Ello permite integrar a los
diferentes actores en un proceso de diálogo, en el que intereses y objetivos en
conflicto se evalúan
y jerarquizan de acuerdo a un
conjunto de criterios definidos públicamente y entre iguales.
Hacia la soberanía y la
integración de los pueblos
Bajo los principios de la
libertad, la soberanía y la autodeterminación de los estados nacionales,
la consecución de un nuevo
orden internacional debe fomentar la construcción de
un mundo multipolar, las
relaciones pacíficas entre los pueblos y el bienestar general de la humanidad. La
Revolución Ciudadana promueve la conformación de un orden global multipolar con
la participación activa de bloques económicos y políticos regionales, y el
fortalecimiento de
las relaciones horizontales
para la construcción de un mundo justo, democrático, diverso e
intercultural. La
multipolaridad de las relaciones internacionales supone democratizar las
instituciones de la gobernanza
global, a fin de re-equilibrar el poder de los centros hegemónicos
del globo con los intereses de
todas las naciones y reconstruir un escenario en que las
organizaciones internacionales
se pongan al servicio de los pueblos y no de los poderes de
las potencias económicas y
militares. También propugna la solución pacífica de
las controversias y los
conflictos internacionales. Promueve la paz y el desarme universal, defiende
el principio de ciudadanía
universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y
el progresivo fin de la
condición de extranjero.
La integración de los pueblos del
Sur del globo, de las naciones latinoamericanas y de
otros bloques regionales,
aparece como condición clave para avanzar en un nuevo balance
del poder global que haga un
efectivo contrapeso a los intereses de las grandes potencias.
Esto permitirá ampliar la
agenda internacional hacia cuestiones hasta ahora relegadas a un
segundo plano en los foros
internacionales (descolonización, cambio climático, ciudadanía
universal, etc.). La
Revolución Ciudadana impulsa la integración, política, cultural y económica de
la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica, para favorecer la
consolidación de organizaciones de carácter supranacional conformados por los
estados de América Latina y del Caribe, así como la suscripción de tratados y
otros instrumentos integrales de integración regional.
Fomenta un nuevo sistema de
comercio e inversión entre los estados que se sustente en la justicia y la
solidaridad. Hacia un Estado democrático, plurinacional y laico La visión de un
Estado plurinacional, megadiverso y plural, busca la descolonización del
Estado, el reconocimiento político de la diversidad étnica, regional y sexual,
y promueve una sociedad identificada con los sentidos de lealtad y pertenencia
a la comunidad política. La figura del ciudadano como titular de unos
La transición para la gran
transformación: acabar con el Estado burgués Somos revolucionarios y queremos
lograr los cambios sociales lo más rápido posible. Todo proceso social tiene
sus ritmos y cadencias. Tampoco podemos aislarnos de los contextos
internacionales y regionales que nos marcan las pautas políticas y económicas.
La Revolución Ciudadana ha propuesto un cambio de paradigma que no solo busca
dejar atrás las miradas convencionales asociadas con el capitalismo, sino
construir una sociedad que tenga como eje la garantía de las condiciones de
vida de los seres humanos y de la naturaleza: la sociedad del “Buen Vivir” o
“Sumak Kawsay”, que se identifica con
la realización de las
facultades de cada uno, la reproducción indefinida de las culturas humanas y la
armonía con la naturaleza. Vamos a lograr una transición para la gran
transformación: edificar un Estado popular, de todos, que desintegre las viejas
estructuras heredadas del Estado burgués, de unos pocos. Las transformaciones
no solamente se resuelven desde lo técnico, sino y sobre todo desde la
política. Esto conlleva modificar las relaciones de poder.
En estos seis años de gobierno
hemos dirigido nuestra acción a enfrentar las estructuras de poder enraizadas
en la sociedad a las que nadie se atrevió a subvertir: los grandes medios de
comunicación que ponían o desestabilizaban gobiernos, el poder omnímodo de
ciertos banqueros, la relación sumisa con las empresas transnacionales y los
organismos internacionales de crédito.
Por esto es tan importante
construir un Estado que nos represente a todas y todos, donde la organización
popular sea la fuerza motriz fundamental. derechos exigibles, únicamente en
términos individuales, se une a una noción de derechos
de titularidad colectiva:
lenguaje, cultura, justicia y territorio. Tal diversidad es reflejada
institucionalmente mediante una arquitectura estatal de carácter flexible,
donde la descentralización, la autonomía y otras circunscripciones
territoriales especiales pasan al primer plano. El reconocimiento de la
diferencia en la igualdad abre el espacio para políticas específicas de
discriminación afirmativa, que asegure la reparación de las ventajas históricas
de ciertos grupos, y proponga oportunidades igualitarias para todas y todos los
ecuatorianos. En una sociedad radicalmente democrática, la cultura debe ser
concebida y experimentada
como una actividad simbólica,
que da libre cauce a la expresividad y capacidad de reflexión
crítica de las personas. El
Estado debe garantizar la actividad cultural como un bien público.
La interculturalidad juega un
papel fundamental en este desafío por la igualdad, el Sumak
Kawsay o el Buen Vivir, porque
para Vivir Bien debemos aprender a convivir entre distintos,
partiendo de que tenemos los
mismos derechos y responsabilidades reconociéndonos como diferentes, cada uno
con un origen, unas prácticas, costumbres, conocimientos y saberes.
Por eso creemos que el Diálogo
de Saberes contribuye a la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
Este busca la revitalización, promoción y protección de los saberes
ancestrales,
conocimientos tradicionales y
locales para incorporarlos a la cultura científica en el
marco del respeto al ambiente,
la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía para la consecución del Buen
Vivir. La defensa de la laicidad del Estado es una condición sine qua non para
garantizar la plena libertad de conciencia y el pluralismo social en todas sus
expresiones. Reafirmamos la necesaria separación entre el Estado y las
iglesias, a partir de una clara distinción entre la esfera de lo público, que
concierne a todos y a cada uno de los ciudadanos –independientemente de sus
orientaciones en materia de conciencia–, y la esfera de lo privado, donde
tienen lugar las creencias particulares. Los poderes públicos deberán proteger
la libertad religiosa y de culto, entendida como un aspecto del derecho
a la libre conciencia y sin
ninguna clase de discriminación. Tenemos derecho a tomar decisiones libres, informadas,
voluntarias y responsables sobre nuestra sexualidad, nuestra vida y orientación
sexual, en el contexto de un Estado laico que garantice el anti dogmatismo y el
respeto, para beneficiarnos del progreso científico y del acceso a una
información y educación libre y sin prejuicios. Para consolidar estos
principios necesitamos
realizar una transformación
del Estado, las instituciones y de la sociedad.mEl nuevo paradigma, además de
establecer una serie de principios y pautas de interacciónmsocial, busca
alternativas de acumulación, redistribuciónmy regulación y nuevas formas de coordinación
democrática de la sociedad. ElmGobierno de la Revolución Ciudadana es
consciente de los “tiempos” involucrados en unadinámica de cambio. Sería
pretencioso e ingenuo postular que de la noche a la mañana sempuede modificar
el modo de producción, la forma de acumulación y el consumo. Ello no significa abandonar
el terreno político de la gran transformación social sino afrontarlo de modo
estratégico y sin veleidades
ideológicas. La transición del capitalismo hacia el régimen del Buen Vivir
implica también el manejo de la sostenibilidad ambiental del planeta. La
disputa por salir del capitalismo y construir otro orden está asociada, entre
otras razones, a los límites biofísicos (materiales, de espacio y tiempo) que
las economías se impongan. La economía capitalista es una economía ficticia porque
basa su construcción en el dinero, un ente artificial, lo cual potencia su
desconexión con el mundo real. Sin perder de vista el horizonte de la gran transformación,
una izquierda no demagógicadebe plantear estrategias viables en el tiempo, considerando
sobre todo de dónde se parte y cuál es el poder real que tiene el Estado en el ámbito
nacional y en el concierto del sistema global. En el caso ecuatoriano, cabe
reconocer los límites estructurales de una economía sin moneda propia, que
depende en gran parte del sector primario-exportador, que genera poco valor
agregado y que carece de real influencia en el concierto internacional. La
procura del Buen Vivir requiere políticas y programas que desestructuren las
bases de una matriz productiva ya dada, que abra las posibilidades para la
diversificación de la economía, logre la reactivación de las fuerzas
productivas locales y la generación de empleo digno, para reforzar
el carácter democrático del
Estado. Allí radica el núcleo central de un programa serio y viable de
transformación estructural de
la sociedad.El cambio de la matriz productiva Cambiar la matriz productiva
significa transformar la estructura económica del país; es decir, transformar
aquellas relaciones entre los actores sociales que producen bienes y servicios en
los cuales están presentes los recursos tangibles (naturaleza) e intangibles
(conocimiento). La Revolución Ciudadana ha recuperado el Estado de las manos de
los intereses particulares para cambiar la matriz productiva
primario-exportadora,
monopolista, desigual y dependiente, en una matriz equitativa, emancipadora y
soberana, generadora de productos con valor agregado. Para entender este
proceso debemos partir de dónde venimos, cuál ha sido nuestra estrategia
durante estos seis años, qué hemos logrado, y qué debemos hacer para profundizar
en cambio en los próximos años.
¿De dónde venimos? Una matriz
primarioexportadora, explotación y dependencia A pesar de que la ideología
neoliberal se ha encargado de convertir el “proteccionismo” en una mala
palabra, la realidad histórica devela que son solo aquellos estados que han
protegido e invertido estratégicamente en el desarrollo de su industria
nacional y su soberanía los que han logrado generar en sus países la riqueza y
el trabajo necesarios para asegurar el bienestar de sus pueblos. Eloy Alfaro ya
enfatizó, en el contexto de su época, este hecho. Antes de él, estadistas como
Alexander Hamilton y Ulysses Grant en Estados Unidos, y Robert Walpole en
Inglaterra, ya habían reconocido la importancia de realizar inversiones en sus industrias
nacientes, protegiéndolas con políticas comerciales específicas. A fines del
siglo XIX, Grant declaró que Estados Unidos imitaría el modelo proteccionista
inglés: “dentro de 200 años, cuando América haya obtenido del proteccionismo todo
lo que éste puede ofrecer, también adoptará el modelo de libre comercio.”
En efecto, la mayoría de
países industrializados siguen practicando hasta el presente una política mixta
que combina protección de las industrias y del sector agrícola, y “libre
comercio” para el resto del mundo. Fueron establecidas economías protegidas
hacia adentro, políticas dirigidas hacia la extracción “libre” de las materias primas
de los países del Sur global, y que además promovieron el ingreso “libre” de
sus inversionistas predatorios y monopolistas a nuestros países. Esta doble
moral de la política comercial de los países del Norte, con sus lógicas
imperiales de coerción, ha impuesto a nivel global una división internacional
del trabajo que obliga a los países del Sur a producir materias primas baratas para
los países del Norte. Mientras que el
Sur se ve obligado a comprar
sus productos industrializados, sus bienes de capital y consumo, con alto valor
agregado y, por ende, mucho más costosos. Este es el patrón de intercambio
desigual
que domina las relaciones
internacionales. Sin embargo, no podemos caer en una postura
ociosa de víctimas. Tenemos
que reconocer que el Norte no hubiera podido establecer
este patrón global de
desigualdad si no hubiera contado, desde los tiempos de la colonia, con
el apoyo de las élites
nacionales de nuestros países; es decir, de una burguesía exportadora
y un Estado servil a esos
grandes intereses. Nuestra burguesía primario-exportadora,
históricamente, se sirvió del
Estado para mantener una estructura productiva ociosa que solo
protegía sus intereses
particulares. Se trató de una política entreguista en la que el Estado cedía a cualquier
presión de las grandes potencias, a cambio de que estas compraran nuestros bananos,
camarones, cacao, atún, flores y petróleo, sin imponernos grandes barreras para
la exportación. El resultado
de esta política para nuestro país y los pueblos del Sur ha sido una inercia
productiva y una profundización de las desigualdades. Por una parte, los
sectores exportadores se enriquecen, gozan de bienestar y consumen bienes
suntuarios importados desde
el Norte. Por otra parte, se
precariza el trabajo para lograr menores precios y mayor competitividad en los
mercados del Norte, lo cual obliga a todos los países del Sur a continuar con
la misma dinámica, compitiendo entre sí para asegurarse un espacio en los
mercados. El conjunto
de la sociedad sufre las
consecuencias de la permanente transferencia de nuestra riqueza hacia
el Norte. La inercia de la
importación de sus productos industrializados impide el desarrollo
de nuestras fuerzas
productivas y reproduce la dependencia de los mercados hegemónicos.
En América Latina y en el
Ecuador el periodo neoliberal agudizó este patrón de especialización.
Los experimentos de
industrialización de los años 70 fueron destrozados con el desmantelamiento del
Estado y la aplicación de políticas de apertura comercial y ajuste estructural establecidas
por el Consenso de Washington. Con la adopción del dólar de los Estados Unidos como
moneda de curso legal a inicios de 2000, en el contexto de la más profunda
crisis financiera y económica de la historia nacional, se condicionó la
sostenibilidad del sistema monetario a los flujos de divisas que llegan al
país, que por las propias características del comercio exterior, resultan
dependientes de factores exógenos inestables y ajenos al control local. Frente
a este patrón de especialización, con sus perversas consecuencias sociales de
inercia productiva, explotación y pobreza, es imprescindible avanzar hacia una
transformación de la matriz productiva en que confluyan nuevas políticas para
el estímulo de la producción local, la diversificación de la economía y una
inserción inteligente en la economía mundial. Se trata de construir una
sociedad no solo de mayor riqueza sino con capacidad de innovación. La
propuesta de un cambio en la matriz productiva implica una ruptura con el
pasado colonial, la dominación terrateniente, el país del gran cacao, la
república bananera y el proyecto neoliberal. La transición procura romper la
inercia primario-exportadora para valorar nuestras capacidades de trabajo, al
crear innovación e ingenio y considerar que nuestros recursos naturales son
finitos. Del éxito que tengamos en este proceso de transición depende el Buen
Vivir de nuestros pueblos durante ésta y las próximas generaciones. El cambio
de rumbo: las bases de la transformación productiva Desde el año 2007 estamos
consolidando el Estado democrático para el Buen Vivir. Un elemento central de
esta estrategia ha sido la recuperación del Estado como ente planificador y
catalizador de la transformación. La nueva planificación pública ha delineado
ya ciertas estrategias, de mediano y largo plazo, para la transformación de la
estructura productiva. Se trata de implementar un conjunto de políticas, con
enfoque territorial, que modifiquen los esquemas de acumulación, distribución y
redistribución, a fin de dinamizar las fuerzas productivas locales y fortalecer
la economía nacional. La planificación de la inversión pública, los incentivos
tributarios para la producción, el desarrollo de una economía del conocimiento
y el crédito productivo aparecen, entre otros, como mecanismos fundamentales
para estimular el crecimiento de nuevos sectores de la economía, democratizar
el acceso a los medios de producción, crear las condiciones para incrementar
productividad y generar empleo
de calidad. De modo más integral se han delineado los componentes básicos de la
estrategia de cambio productivo. Un primer punto fundamental es la acumulación
para la transición y la profundización de la redistribución. Mediante un
proceso de sustitución selectiva de importaciones,
del impulso al sector
turístico y de inversión pública estratégica, que fomente la productividad
sistémica, se deben sentar las
bases para construir la industria nacional y producir cambios sustanciales en
la matriz energética, que son los motores de la generación de riqueza.
La transferencia tecnológica,
la inversión pública para la formación de las capacidades humanas
−especialmente en ciencias básicas y biodisciplinas−, y el fortalecimiento de
las
condiciones para el ecoturismo
comunitario son prioritarios en este nivel. De igual modo, la protección a
sectores generadores e intensivos en trabajo y empleo aparece como un elemento clave
de la estrategia productiva. Con igual prioridad, deben promoverse las
iniciativas provenientes de la economía popular y solidaria,
y de los sectores que
sostienen la soberanía alimentaria del país, y en general, del tejido económico
que permite la satisfacción de las necesidades básicas de la ciudadanía.
Otro componente clave de la
reconfiguración productiva en el Ecuador del siglo XXI, es
incremento del peso relativo
de la nueva industria nacional frente a aquella de base primaria,
y consolidar un superávit
energético, principalmente mediante la producción y el consumo
de energía limpia. La
diversificación y sustitución de exportaciones aparece como la consecuencia de
mayor peso de la industria nacional en el conjunto de la economía. Se espera
que aquella satisfaga la demanda interna y genere excedentes para la
exportación. La estrategia busca sustituir exportaciones primarias por las de
bienes con mayor valor agregado y no exclusivamente dependientes del sector
extractivo. En el mediano plazo, el peso relativo de la industria nacional
sería igual al peso relativo de los bienes primarios (exportables) en el
conjunto de la economía.
La inversión en ciencia y
tecnología deberá impulsar la innovación productiva en aspectos relacionados con
la promoción de la industria nacional y la sustitución de las importaciones. El
despegue de los bio-servicios y su aplicación tecnológica está en el horizonte
de largo plazo de este cambio de la matriz productiva. En el ciclo 2007-2012, el gobierno de la
Revolución Ciudadana ha realizado avances significativos.
Se ha dado énfasis a la
construcción de un marco normativo y una institucionalidad funcional a la
estrategia de cambio en que destaca la ubicación de los sectores de
electricidad, agua, hidrocarburos y minas, y telecomunicaciones como campos
estratégicos para la innovación. Para asegurar el manejo adecuado de estos
sectores se creó en 2008 un Ministerio
Coordinador de Sectores
Estratégicos para proponer, ejecutar, articular, supervisar y evaluar las
políticas, proyectos, planes y acciones intersectoriales, que coordine la
gestión de los
Ministerios de Recursos
Naturales no Renovables, de Electricidad y Energía Renovable, de
Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información (MINTEL), de la Secretaría Nacional del Agua
(SENAGUA), Petroecuador y Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).
Esta nueva institucionalidad
se articula a un conjunto de avances normativos que, entre otros logros, han
permitido la recuperación soberana del uso de los recursos petroleros para la
inversión nacional, la reversión de las concesiones mineras, y la fijación de
procedimientos para la constitución de empresas públicas que gestionen los
sectores estratégicos. El Código Orgánico de la Producción, aprobado en diciembre
de 2010, estableció una serie de incentivos para la producción que privilegia a
las pequeñas y medianas empresas, motiva la inversión en zonas deprimidas,
establece una clara normativa para la seguridad de las inversiones y fija la
figura del salario digno −que trasciende el llamado “salario mínimo”− para los
trabajadores. Esta última iniciativa se suma a la eliminación de la
tercerización y a la obligación de los empleadores a afiliar a la seguridad social
a sus trabajadores en relación de dependencia. Este conjunto de medidas busca eliminar
la precarización laboral. Con el fin de apoyar la economía popular y solidaria,
en 2011 se aprobó también la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
(LOEPS). Esta crea el Fondo de Liquidez del Sector Financiero Popular y
Solidario, el Comité Interinstitucional como ente rector y su superintendencia,
como organismo técnico. La LOEPS cristaliza los lineamientos de la Constitución
donde el sector llamado “popular y solidario” (cooperativo, asociativo y
comunitario) tiene un papel privilegiado dentro de la pluralidad de actores que
se reconocen como parte del conjunto de la economía. Por medio de la regulación
y la creación de este marco institucional, la LOEPS presta legitimidad y apoyo
a las tres formas de organización económica de su sector. Pese a la férrea
oposición de la burguesía, en 2011 logramos también establecer Ley Orgánica de
Regulación y Control de Poder de Mercado. La ley protege a la ciudadanía y a
los pequeños productores de las conductas abusivas de los productores
monopólicos, como la fijación de precios excesivamente altos, la competencia desleal
y la generación de barreras que imposibilitan el ingreso de nuevos productores.
Al controlar el abuso de poder de mercado, la Ley busca aportar a la creación
de un sistema económico eficiente, inclusivo e igualitario. Más allá de los
avances normativos, la apertura del cambio de la matriz productiva ha sido apuntalada
por la ingente inversión en la matriz energética e infraestructura de
transporte y telecomunicaciones. Ello aparece como un
elemento capital para el
dinamismo de la economía (productividad y competitividad) y la integración social
de la nación. Hemos invertido en carreteras e infraestructura portuaria, lo
cual ha permitido la reducción en los tiempos de la transportación. La inversión
en infraestructura se ha dirigido estratégicamente a la promoción de una
estructura territorial policéntrica, articulando movilidad, transporte y
logística con las agendas productivas territoriales. Entre otros logros, se han
invertido US$ 359 millones en la construcción de puentes; se ha ejecutado una
rehabilitación vial agresiva y se han construido y remodelado varios
aeropuertos en ubicaciones clave, para mejorar la conectividad y la integración
estratégica del Ecuador en el mundo. Hemos procedido de igual modo en las
telecomunicaciones, implementando una mayor cobertura de banda ancha y
ampliando la red de comunicación por internet de menor costo. Hemos reducido,
además, los costos en la generación de electricidad. Contamos ahora con una
justicia más eficiente pues se han reducido los tiempos en los trámites
judiciales. Fortalecimos además las políticas para la seguridad ciudadana que
ha permitido un mayor incremento en la inversión turística. Todas estas realizaciones
afirman el compromiso político del gobierno con la gran transformación que
ahora proponemos. En aras de la soberanía y la acumulación para la
transformación hemos invertido en el campo de la refinación petrolera,
apuntando hacia un cambio de matriz energética; hemos impulsado también
proyectos históricos como la Hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, el proyecto Toachi-Pilatón,
el Proyecto Multipropósito Baba y la Central Hidroeléctrica Mazar, que son proyectos
de gran envergadura que fueron abandonado por décadas y retomado por el Gobierno
de la Revolución Ciudadana. Desde la política comercial, hemos diversificado nuestros
destinos de exportación y establecido relaciones con nuevos socios comerciales,
abriendo oficinas en un mayor número de países, afianzando de esta manera
vínculos entre los países del Sur. En reiteradas ocasiones nos hemos negado a
aceptar Tratados de Libre Comercio (TLC) que atentan contra nuestra soberanía económica,
nuestra soberanía alimentaria y nuestras posibilidades de avanzar en la transformación
de la matriz productiva. Para asegurar una postura soberana en el ámbito
comercial hemos elaborado un modelo de “Acuerdo Comercial para el Desarrollo”,
que orienta nuestra política comercial hacia el establecimiento de relaciones
de complementariedad, solidaridad y comercio justo, en lugar de poner el acento
en la mal llamada “libre” competencia. Finalmente, la inversión social
estratégica para el cambio de la matriz productiva ha sido uno de los logros
más trascendentes de la Revolución Ciudadana. La política de becas del gobierno
nacional ha permitido que miles de ecuatorianos y ecuatorianas estudien en las
mejores universidades del mundo en la perspectiva de contar con los talentos
individuales necesarios para la diversificación de la economía. Hemos impulsado
igualmente una estrategia integral de la transformación de la educación
superior para apuntalar universidades de calidad y excelencia como parte de la construcción
soberana de conocimiento crítico y aplicado. Las apuestas estratégicas Es
imposible negar el cambio de rumbo que hemos dado en los últimos seis años.
Mediante la transformación del Estado, las reformas normativas, la inversión
estratégica en infraestructura y educación, y la reorientación de la política comercial,
hemos sentado las bases para el cambio de la matriz productiva. Debemos
concretar la sustitución selectiva de importaciones. Se trata de producir
localmente bienes y servicios que en la actualidad importamos y que son
necesarios para cubrir las necesidades de una vida digna. Hemos avanzado en la
planificación de este proceso y en el establecimiento de las condiciones
estructurales para impulsarlo. Igualmente, debemos dar mayor peso a la diversificación
de las exportaciones y la mejora de la calidad y la competitividad de nuestros productos,
incorporando mayor valor agregado para su colocación en los mercados
internacionales. Se evalúan efectos competitivos logísticos y condiciones
específicas para diversificar destinos y aprovechar mejor las oportunidades.
El cambio de la matriz
productiva significa potenciar y fortalecer a los sectores productivos
en los cuales ya tenemos
grandes ventajas competitivas (turismo, calzado, textiles, agricultura,
etc.), mediante la
incorporación de conocimiento, ciencia y tecnología, así como también del
desarrollo de nuevas industrias estratégicas como son la refinación, los
astilleros, la petroquímica, la metalurgia y la siderurgia. El apoyo a la
economía social y solidaria es un componente importante para lograr este
cambio.
La diversificación de la
producción minimiza la dependencia comercial Con el despegue la de Ciudad del
Conocimiento (Yachay) y su articulación a nuestros centros de investigación,
debemos comenzar a formar las capacidades para el cambio de la matriz
productiva, planificando el desarrollo de bioconocimientos, bioservicios y su
aplicación tecnológica. La investigación y la transferencia tecnológica serán
centrales en este proceso. Sin la economía del conocimiento no hay cambio posible
de la matriz productiva. La educación superior, la innovación científica y
tecnológica y la formación de talentos es clave en este momento de despegue de
la estrategia de cambio productivo. No contar con capacidades locales e innovación
para el impulso de dicha sustitución, quedaría en una simple proclama
voluntarista.
La nueva matriz articula al
sector productivo con una verdadera economía del conocimiento,
que pone a la educación, la
ciencia y la tecnología en el centro el desarrollo de la institucionalidad.
La transición productiva requiere
una fuerte inversión pública en la universidad y una gran transformación
cualitativa en el campo de la investigación, la ciencia y el desarrollo tecnológico
a nivel nacional. Esto implica la participación de un sector privado
emprendedor, propositivo, creativo y con una visión de progreso colectivo. Este
conjunto de cambios deberá articularse cada vez con mayor fuerza al proceso de
integración regional con una estrategia productiva y comercial orientada hacia
la consolidación del comercio justo y solidario con los países de la UNASUR y
ALBA. Dentro de este proceso, deberemos apoyar la conexión entre nuestros países
mediante el desarrollo de iniciativas como la red ferroviaria y de otros
circuitos para la integración del espacio regional. La construcción de esta
nueva lógica interna, el fortalecimiento del proceso de acumulación propia,
exige una articulación armónica desde dentro hacia fuera. Ello se traduce en la
articulación de otra forma de participación nacional en el contexto
internacional y en la construcción de una dinámica alterna de inserción mundial,
sincronizada con las necesidades locales y adecuadas al mercado global.
Como parte del ciclo
económico, y en el marco de nuestra preocupación social y ambiental,
Impulsaremos también políticas
activas en torno al consumo. Es urgente la generalización de patrones de
consumo responsables para fortalecer la soberanía alimentaria y el apoyo a la economía
endógena para el Buen Vivir.
En suma, nuestro programa de
gobierno prioriza un nuevo perfil de especialización productiva.
Esta propuesta se orienta
hacia una economía post extractivista que no sea dependiente de la exportación
de bienes primarios, ni de la explotación de una mano de obra poco calificada,
y que además tenga un menor impacto ambiental. Con el cambio de la matriz productiva
el país generará mayores riquezas, garantizará un trabajo digno para todas y
todos
y dejará atrás su situación de
dependencia de las fluctuaciones de la demanda internacional de bienes
primarios. Construir un Estado democrático del Buen Vivir desde los territorios
El Estado ecuatoriano permaneció en construcción desde el inicio de la
República en 1830. Algunos momentos importantes en su consolidación no han
bastado para terminar de estructurarlo. Los valiosos y diferenciados aportes de
García Moreno, Eloy Alfaro, Isidro Ayora y el gobierno militar de Rodríguez
Lara fueron momentos emblemáticos en la construcción de nuestro Estado
nacional.
Sin embargo, entre 1996 y 2006
el país vivió su peor crisis política-institucional: ningún presidente electo
en esta década pudo terminar su período de mandato, el desprestigio de la clase
política se profundizó y la legitimidad institucional llegó a su nivel más
crítico. La revuelta de 2005, cuyo grito de guerra fue “que se vayan todos”,
expresaba el profundo malestar popular con toda la estructura de representación
política y la necesidad de una reforma radical de las instituciones y la clase
política.
En el año 2006 empezamos a
recuperar la Patria. La propuesta de transformación que la
Revolución Ciudadana hizo al
país tuvo como eje central la revolución política constitucional.
La convocatoria a la Asamblea
Nacional Constituyente fue la consigna y el fundamento para transformar el
escenario político del Ecuador. El 82% de los ecuatorianos, hombres y mujeres, se
pronunció a favor de la instalación de una Asamblea de plenos poderes para
rediseñar el
Estado y superar la crisis. En
ese momento el eje central de nuestro proyecto fue la recuperación y la
transformación del Estado. Lideramos entonces una revolución normativa con la
promulgación de la Constitución y, en lo posterior, con la aprobación de más de
un centenar de leyes para que
operara el nuevo marco
constitucional. Seis años más tarde hemos recuperado la autoridad pública, las
facultades estatales para proteger el bien común e incorporar las demandas de
las grandes mayorías, y hemos impulsado la descentralización y la
desconcentración como nunca antes hiciera la vieja clase política. La
recuperación del sentido y el valor de lo público es el fundamento de la
transformación del Estado. Bajo este marco, un nuevo período de gobierno nos
avoca a terminar de desmantelar el Estado burgués en procura de un Estado
democrático y ciudadano para el Buen Vivir. Un nuevo período nos obliga a una mayor
claridad programática en el ámbito político; vamos a radicalizar las
transformaciones estatales para profundizarlas, ampliarlas o corregirlas, pero sobre
todo, vamos a hacerlas irreversibles. Tal vez uno de los procesos más
innovadores y revolucionarios dentro de la transformación y consolidación del
Estado ecuatoriano ha sido su reorganización territorial. Esta reorganización ha
tenido como objetivos la construcción de equidad y cohesión territorial. La ruptura
con el centralismo (y el bi-centralismo) acerca al Estado y a los servicios
públicos a la ciudadanía. Llevamos adelante dos procesos fundamentales: la
desconcentración y la descentralización. Ambos procesos conducen a entregar poder
a los territorios para dar respuesta a las necesidades de la población y
procesar las demandas ciudadanas allí donde se generan. Con la desconcentración
hemos quebrado el centralismo de los ministerios y hemos potenciado sus
unidades territoriales, y con la descentralización hemos fortalecido un Estado
integrado y compuesto por todos los niveles de Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD).
En la desconcentración los
avances son notables y los retos para un nuevo período de gobierno son
profundamente motivadores. La definición de nueve zonas de planificación y desconcentración
−incluidas las ciudades de Quito y Guayaquil por ser ciudades región en sí
mismas− terminó con el desorden de gestión territorial de todos los
ministerios. Al inicio del gobierno, en el año 2007, ningún ministerio compartía
la misma estructura territorial para su gestión. La desconcentración permitió
definir agendas de trabajo zonal de acuerdo con las vocaciones productivas de
los territorios, sus dinámicas reales y potencialidades. Hoy contamos con una
estrategia territorial y 7 agendas zonales que proponen la equidad territorial
y el alcance
del Buen Vivir en todo el
espacio nacional. La desconcentración no solo ha sido útil para afinar la
planificación territorial; su mayor potencialidad es permitir que el Estado y
sus servicios se encuentren más cercanos a la ciudadanía local. La definición
de 140 distritos y 1.134 circuitos, a nivel nacional, ha sido y es fundamental.
Avanzar y consolidar con este proceso es uno de los retos fundamentales del
nuevo período de gobierno.
Los distritos son unidades
básicas de planificación y prestación de servicios públicos. Coinciden con un
cantón o con una unión de cantones. Cada distrito tiene un promedio de 90.000
habitantes. No obstante, para cantones cuya población es muy alta —como Quito,
Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo de los Tsáchilas— se establecen
varios distritos en su interior. Los circuitos son las localidades más pequeñas
donde se prestan el conjunto de servicios públicos de calidad. Coinciden con
una parroquia o un conjunto de parroquias y tienen un promedio de 11.000
habitantes. Estas unidades de planificación y desconcentración de servicios son
fundamentales para que el Estado no sea una construcción elitista, oligárquica y
centralista. La capacidad de procesar las demandas populares está atada al
anclaje de la provisión de servicios públicos en el territorio. Desde estos
niveles de organización territorial se alcanzará una oferta ideal de servicios
en cada localidad, sustentando un Estado planificado, desconcentrado,
articulado, equitativo, con mayor cobertura y calidad de servicios públicos. Esto
no es una herramienta tecnocrática sino una decisión política que permite el
despliegue eficaz de la acción pública y, con ello, el cumplimiento de los
derechos sociales de toda la población. Es aquí donde se hace efectiva la
universalidad, la gratuidad y la provisión de servicios públicos de calidad.
Aquí también se logra una inversión óptima y eficiente, adecuada a las
necesidades territoriales y no a las negociaciones y exigencias gestadas o intermediadas
desde el centro político.
Frente a la irresponsabilidad
de gobiernos clientelares de décadas pasadas, que hicieron de la cantonización
un arma de la negociación y de componenda política, la Revolución Ciudadana ha
hecho del territorio un pilar fundamental a la hora de prestar servicios y
garantizar derechos. Por ello, debemos proseguir en esta línea de
transformación radical del Estado en los próximos años. Consolidar el Estado
desde los territorios nos permitirá entregar servicios públicos de calidad que
atiendan al conjunto de las necesidades de la ciudadanía a lo largo de sus
vidas; desde el desarrollo infantil integral, la salud, la educación inicial,
la educación básica y secundaria. Generar las condiciones y oportunidades de
trabajo adecuadas, asegurar y proteger la vida de distintas contingencias,
garantizar una vida digna para los adultos mayores, son otros de los objetivos que
perseguimos.
Esta lógica territorial
también es adecuada para lograr la seguridad de la ciudadanía. No podremos combatir
de manera efectiva y eficiente la delincuencia si la policía no cuenta con el equipamiento
necesario y no existe la penetración y cercanía territorial necesaria, como
antes sucedía. Las unidades de vigilancia y de policía comunitaria, afincadas
en todos los distritos y circuitos del país, generarán los logros que la población
demanda.
Esto es y será posible gracias
a la importante inversión que hoy se ejecuta y que se profundizará
en infraestructura social, de
seguridad y de justicia en todo el país.
Bajo los principios y
objetivos políticos señalados, la descentralización −que es la transferencia
de competencias del gobierno
central a los GAD− también ha sido y será un eje fundamental de la
transformación territorial del Estado. La Constitución contempla la
reorganización territorial del Estado y la puesta en marcha de un Sistema
Nacional de Competencias articulado al de planificación y al nuevo esquema de descentralización.
Dicho sistema está fundamentado en la transferencia obligatoria, progresiva y
definitiva de competencias, cuyo objetivo
es generar equidad territorial aplicando los principios de
subsidiariedad, solidaridad, coordinación, corresponsabilidad,
complementariedad, sustentabilidad del desarrollo, participación y unidad del
Estado. Contamos con una definición clara de cuáles son las competencias
exclusivas de cada nivel de gobierno, lo cual ha permitido evitar la
superposición de funciones y responsabilidades, que ha sido muy común en
décadas pasadas. Esto ha permitido que la ciudadanía pueda demandar sus
derechos al nivel de gobierno correspondiente.
También hemos arrancado un proceso
progresivo de transferencia de competencias
y recursos, basado en las
necesidades territoriales y en las capacidades reales de los gobiernos
autónomos descentralizados. Ya quedó atrás la época en que los “caciques”
locales hacían presión política para lograr ventajas.
Esta forma organizativa de la
administración descentralizada debe profundizarse en el próximo período de
gobierno. Así podremos superar las deficiencias en la distribución y
redistribución de recursos, generar equidad y cohesión territorial, y
fortalecer el proceso de democratización del Estado. Este modelo estatal no
tiene relación con las consignas separatistas, sino por el contrario, busca la
inclusión, la integración y la justicia en todas sus dimensiones.
La ejecución del Plan Nacional
de Descentralización, aprobado por consenso entre todos los niveles de
gobierno, dinamiza y ordena el proceso. Hacia futuro se deben impulsar las capacidades
de los gobiernos autónomos descentralizados y garantizar que el ejercicio de
sus competencias se encuentre a favor del ciudadano, el gran beneficiario de
este proceso. Reconocemos al territorio en su diversidad, por eso impulsamos la
creación de regímenes especiales de gobierno territorial, como los distritos metropolitanos,
el régimen especial de Galápagos o las circunscripciones territoriales indígenas,
afroecuatorianas y montubias. La Constitución de la República abre los caminos,
estableciendo el procedimiento para que efectivamente se creen las circunscripciones
territoriales, con su gobierno propio y con los recursos que les corresponda en
el Presupuesto General del Estado. El marco normativo está listo, ahora la
responsabilidad de hacer realidad este sueño está en las organizaciones
indígenas, afroecuatorianas y montubias. Así construimos el Estado Plurinacional
e Intercultural desde los territorios.
El proceso de democratización,
desconcentración y descentralización del Estado debe marchar paralelo a la
construcción de nuevas instituciones, redes sociales e instrumentos de evaluación
y seguimiento de la política pública.
Es imprescindible monitorear
la eficacia y la calidad de la acción pública. El desafío central será
robustecer la capacidad de las instituciones públicas para evaluar y orientar de
manera adecuada la inversión pública en los territorios, y al mismo tiempo dar
seguimiento a un conjunto heterogéneo de políticas, a fin de construir formas
de medición propias y novedosas sobre la acción pública, sus impactos y el avance
del Buen Vivir de la ciudadanía. Sin un efectivo monitoreo de las
intervenciones gubernamentales se cerrarían las opciones para que la acción
pública provoque el cambio y la transformación social. Tienen que evitarse las
tendencias inerciales y burocráticas en la gestión del aparato público.
El Estado democrático del Buen
Vivir desde los territorios debe, finalmente, potenciar el uso de los
instrumentos, mecanismos e instancias que fija la Constitución de la República
para hacer de la construcción de la política pública un campo de articulación
entre los esfuerzos gubernativos
y las demandas sociales. Los
funcionarios deben dar paso a una comprensión de la acción pública como espacio
en que electos, funcionarios, ciudadanos y colectivos cooperen, debatan,
intercambien información y conocimiento a fin de que puedan tomar las
decisiones más pertinentes y eficaces para evitar un estado de inercia estatal,
que fue la característica de épocas anteriores. Fortalecer la sociedad
Cambiar la matriz productiva y
democratizar al Estado no tendría sentido emancipador si no ponemos en primer
plano al fortalecimiento de la sociedad. Esa es la finalidad de cualquier
proceso de cambio genuino que se orienta desde una brújula socialista. Se trata
de promover la construcción de una sociedad que profundice la calidad de la
democracia y amplíe sus espacios de incidencia en condiciones de igualdad social
y material. Debemos empoderar a la sociedad y no al mercado, como ocurrió en el
neoliberalismo; ni al Estado, como fue en el “socialismo real”. La sociedad es
el eje orientador del desenvolvimiento de las otras grandes instituciones sociales.
Potenciar la sociedad es promover el desarrollo de las libertades y de las
capacidades reflexivas, críticas y cooperativas de cada individuo, de cada
pueblo y de cada colectivo. Esa capacidad exige que la ciudadanía tenga
influencia en la discusión sobre el uso, la asignación y la distribución de los
recursos tangibles e intangibles del país. Exige además que todos y cada uno
estemos en condiciones de desarrollar nuestros talentos y facultades, de
acuerdo con el proyecto de vida que va a procurarnos felicidad, dignidad,
realización y plenitud.
El Estado debe eliminar las
desigualdadesque producen dominación, opresión o subordinación entre las
personas; debe crear escenarios que hagan viable el ejercicio activo de los derechos,
la emancipación y la autorrealización. Deben profundizarse las posibilidades de
mutuo reconocimiento, mediante el ejercicio de los principios de solidaridad,
paridad y fraternidad.
Estos postulados proponen una
ruptura radical con las visiones instrumentales y utilitarias sobre el ser humano, la sociedad y las
relaciones que tienen estos con la naturaleza. Estamos edificando una sociedad
de individuos libres y solidarios, de hombres y mujeres con capacidad de
forjarse un destino con una forma propia de ver el mundo. Vamos a lograr la
autodeterminación desde lo social poniendo en el centro los procesos educativos
y la producción abierta de conocimientos y bienes culturales. No existe
libertad sin pensamiento crítico, propio y autónomo. La educación de calidad
−igualitaria en derechos y respetuosa con las diversidades− es uno de los
pilares fundamentales de la sociedad del Buen Vivir. Esta debe ser garantizada
a todas las personas, sin ningún tipo de discriminación.
Tiene como objetivo la creación
de hombres y mujeres libres y autónomas, a la vez que actúa
como claro instrumento de
movilidad social. Más que acumular conocimientos debemos
ser capaces de adquirir y
transmitir habilidades, capacidades y, sobretodo, aprender a aprender;
despertar en pequeños y
mayores la curiosidad y voluntad de superación, y tener los instrumentos
cognitivos y materiales para
que esto sea posible. Educamos y nos educamos en escuelas y universidades pero
también en nuestras interacciones comunitarias cotidianas. La política, el ocio
y la familia no resultan ajenas a los procesos formativos de cada uno de los
habitantes.
Como apuntaron los pedagogos
del pueblo, entre otros Paulo Freire, todos y todas podemos enseñar y aprender
algo. Las ciudades, pueblos y comunidades deben ser entendidas como realidades
educativas; debemos consolidar el espacio público para que así sea posible. Una
ciudadanía educada construirá con menos dificultades un tejido social rico y autónomo
respecto a los poderes del Estado; edificará institucionalidad de lo social
para generar procesos de autogestión y cooperación en las relaciones sociales.
Debemos trabajar para la creación de solidaridades y democracia desde las bases
para posibilitar la cohesión social, la convivencia pacífica y la emancipación de
cada uno. Los procesos de creación y difusión de conocimiento y bienes
culturales tienen que ser abiertos y plurales, entendidos estos como actos
colectivos. La ciencia y la tecnología, la cultura y el arte son producciones
sociales (no individuales) ya que requieren de la puesta en común de saberes y
talentos. No podemos aceptar la privatización de la ciencia y la cultura: esta
no da cuenta del cerebro colectivo que hay detrás de estas producciones. Las
patentes y los copyright suponen un freno al avance en estos campos y también a
su democratización. A la vez encarnan en sí mismos la injusticia de la
alienación de los saberes generados en sociedad. Nuestros cuerpos también son
espacios de batalla. Queremos habitar un mundo donde deseos, afectos y
sexualidades sean vividos desde la libertad personal y el respeto; donde las
diversas formas de convivencia que cada uno escoge no encuentren
discriminaciones ni prohibiciones. Ni el Estado, ni la iglesia, ni el mercado
tienen que condicionar vivencias y prácticas del ámbito privado que se lleven a
cabo libremente, ni por acción ni por omisión. El derecho a disfrutar una
sexualidad plena implica la socialización de conocimientos en planificación
familiar así como también de educación afectiva y sexual. Nuestras sociedades patriarcales
se han construido sobre roles y estructuras sociales que han limitado el
abanico de posibilidades a mujeres, pero también a hombres, transexuales y
transgéneros. Y es hora de romperlas. Hombres y mujeres libres y críticos construirán
comunidades autodeterminadas con fuertes instituciones sociales, con la
consolidación de espacio público no estatal. Disfrutarán del placer de
construir una vida autónoma sin más limitación que la vida autónoma del resto
de ciudadanos y ciudadanas. Los poderes públicos deben garantizar el desarrollo
de oportunidades, capacidades y talentos, y fomentar el respeto a la diversidad
y a la pluralidad sin discriminación alguna. Pero los poderes públicos no deben
dictar moral, formas o proyectos de vida. No deben mezclar religión y política.
Dicha diferenciación es una condición ineludible para una sociedad de personas
con autonomía moral, capacidad crítica y respeto de los otros. Nuestra
experiencia nos ha dado la madurez para gobernar; ha sido un proceso con el que
hemos aprendido, pero también hemos entregado aprendizajes. Esto nos distancia
enormemente del pensamiento de las élites económicas y políticas, pero también
nos diferencia de una izquierda teórica, sin experiencia y con poco apego
social, frente al desafío de gobernar.
Los principios que guían nuestra acción
colectiva tienen que cristalizarse en un conjunto de
PROGRAMA DE GOBIERNO 2013 - 2017
galo-galo-uni-ccaa@gmail.comalianzapaisbelgica@hotmail.bealianzapaisambato@hotmail.comalianzapaisambato@hotmail.comjovenesrevolucionariosbolivar@hotmail.comPROGRAMA
DE
GOBIERNO
2013 -
2017
GOBERNAR
PARA PROFUNDIZAR EL CAMBIO
para el
Socialismodel Buen Vivir
Propuestas
Gobernar paraprofundizar el cambio La
reinvención de la gesta independentista en su afán soberano y libertario, la
recuperación del legado de Eloy Alfaro, las experiencias populares
latinoamericanas que miran siempre desde el Sur y las transformaciones
realizadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana, hacen de este tiempo un momento
propicio para profundizar en la búsqueda de mayor justicia social, solidaridad,
democracia y soberanía. Las elecciones son una experiencia y oportunidad únicas
para el debate y la deliberación democrática en las diversas regiones,
provincias, ciudades, pueblos, comunidades en las cuales Alianza País no solo
ha sometido a discusión sus principios y propuestas programáticas, sino que ha
recogido las demandas del conjunto de la sociedad. El presente Programa de
Gobierno es fruto de ese proceso participativo e inclusivo. Se trata de un
documento que refleja la voluntad de una fuerza revolucionaria que recoge las
aspiraciones de cada territorio, de cada movimiento social y del conjunto de
ciudadanos y ciudadanas dispuestos a continuar transformando el Ecuador.
Cuando asumimos el gobierno en 2007 teníamos
el desafío inmenso de poner en movimiento una sociedad hastiada de la política
y sin proyecto de nación; de reactivar una economía paralizada por el peso del
capital especulativo y el servicio entreguista a la deuda externa, y de
transformar un Estado capturado por intereses particulares de toda índole y sin
ninguna disposición por la defensa del bien común. Seis años más tarde podemos
decir que hemos honrado la voluntad popular y hemos sido capaces de transformar
la pluralidad de demandas sociales en un proyecto histórico de nación que se despliega
por el impulso de un gobierno popular, de un Estado democrático y de una
sociedad digna, con expectativas de futuro y capacidades para disputarlo en el
presente.
Estamos construyendo el Ecuador del Buen
Vivir, cuyo centro es el ser humano, la vida y la naturaleza. A partir de 2007,
recuperamos y repotenciamos la planificación que fue totalmente relegada por el
neoliberalismo que dejó una institucionalidad desmantelada. Hemos recuperado
una institución con horizonte de futuro −la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo−, que programa la política pública y orienta la
inversión en las áreas que más necesita la ciudadanía, tales como salud,
educación, carreteras, vivienda, entre otros. La planificación evalúa de manera
constante la consecución del programa gubernamental, para lo cual coordina la
generación de información oportuna y de calidad. Nos adentramos en los
territorios y sus particularidades para lograr una mayor eficacia; por ello es
fundamental la planificación ycoordinación del Ejecutivo con los gobiernos autónomos
descentralizados (consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales).
Ahora contamos con un sistema de planificación descentralizado y participativo,
que evalúa las necesidades en los propios territorios, lo cual nos convierte en
un modelo a seguir en la región.
El Plan Nacional para el Buen Vivir ha
orientado nuestro quehacer en base a doce objetivos:
1) Auspiciar la igualdad, la cohesión y la
integración social y territorial en la diversidad.
2) Mejorar las capacidades y potencialidades
de la ciudadanía.
3) Mejorar la calidad de vida de la población.
4) Garantizar los derechos de la naturaleza y
promover un ambiente sano y sustentable.
5) Garantizar la soberanía y la paz, e
impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración
latinoamericana.
6) Garantizar el trabajo estable, justo y
digno, en su diversidad de formas.
7) Construir y fortalecer espacios públicos
interculturales y de encuentro común.
8) Afirmar y fortalecer la identidad nacional,
las identidades diversas, la plurinacionalidad y
la interculturalidad.
9) Garantizar la vigencia de los derechos y la
justicia.
10) Garantizar el acceso a la participación
pública y política.
11) Establecer un sistema económico social,
solidario y sostenible.
12) Construir un Estado Democrático para el
Buen Vivir.
Planificación e inversión van de la mano.
Nunca más la inversión de los recursos de la
ciudadanía responderá a presiones políticas o a intereses de las élites que
despojaron al país. Los recursos públicos ya no alimentan las fortunas de las
oligarquías. Ahora la inversión pública es un motor de la economía que se
complementa con la inversión privada. Esta planificación de los recursos nos
permite enfrentar en forma adecuada las recurrentes crisis económicas y
financieras internacionales, y reduce nuestra dependencia externa.
Hemos tenido una participación activa en el
concierto internacional y se ha promovido un nuevo orden mundial multipolar,
más justo y democrático. La integración energética, defensa, infraestructura,
investigación, ciencia y tecnología, han sido prioridades estratégicas de
nuestro gobierno. Hemos contribuido al fortalecimiento de la Unión de Naciones
Suramericanas
(UNASUR), de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA) y a la creación de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Hemos aportado significativamente al
diseño de un nuevo orden monetario y financiero regional, que tiene como punto
de partida la creación del Banco del Sur. Se ha creado el
Fondo Común de Reservas del Sur. El Sistema
Único de Compensaciones Regionales (SUCRE)
es ya una realidad; entre 2010 y 2012 se han
realizado transferencias por aproximadamente
US$ 851 millones. Impulsamos un sistema de
comercio e inversiónsustentado en la justicia y la solidaridad, que genera
mecanismos de control a las corporaciones multinacionales. Rechazamos
frontalmente que controversias con empresas
privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados. La Corte
Constitucional declaró inconstitucionales a 11 Tratados Bilaterales de
Inversión (TBI) que son instrumentos de lastransnacionales para saquear al país
por medio de obscuros procesos de arbitraje internacional. Renegociamos de
manera soberana la deuda externa, aquel oprobioso mecanismo de dominación hacia
los pueblos del Sur. Por primera vez en la historia, no solamente del Ecuador,
sino del mundo entero, un gobierno impulsó un proceso de auditoría pública de
la deuda externa y declaró ilegítimos e inmorales algunos de sus tramos.
Mientras en gobiernos anteriores lo fundamental era el servicio de la deuda externa,
en nuestro gobierno la vida está sobre la deuda y por ello la inversión social
ha triplicado el servicio a la deuda externa. En 2006, por cada dólar invertido
en el sector social, se destinaban
US$ 1,8 al pago de la deuda. En 2011, pagamos
por deuda externa 33 centavos por cada dólar invertido en la población. En todo
momento hemos apoyado y protegido a nuestros hermanos migrantes, pues somos
partidarios de la libre circulación de personas y de la ciudadanía universal.
Rechazamos las políticas migratorias de aquellos países del norte que defienden
la libre circulación de las mercancías y del capital y crean muros entre los seres
humanos.
Somos un pueblo de paz. Con la recuperación de
la base militar estadounidense en
Manta, ejercimos nuestra soberanía en todo el
territorio del país. Nunca más tendremos bases
militares extranjeras en territorio
ecuatoriano. Así como fuimos firmes para defender nuestra soberanía, no
permitimos que el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI)
nos entreguen recetas para obligarnos a cumplir condiciones. Nuestro proyecto
económico lo hemos decidido soberanamente los y las ecuatorianas con un
gobierno popular con profunda convicción democrática y voluntad de
transformación estructural de las relaciones económicas, políticas y sociales. Dicha
voluntad de cambio ha implicado que la confrontación con los poderes fácticos,
dentro y fuera del país, no haya cesado ni un solo día desde que accedimos al
ejercicio del gobierno en 2007. Hemos enfrentado democráticamente esos ataques,
pues creemos que no puede haber democracia sin una separación entre el poder
político derivado de la voluntad popular y el poder de las élites económicas.
No vamos a permitir que los intereses económicos
chantajeen
al poder político o que los gobiernos sean tan solo siervos de intereses
privados.
Asumimos la batalla por la palabra, por los sentidos,
por las libertades de hombres y mujeres,
que buscan ampliar en el presente las opciones
históricas para la construcción del Socialismo del Buen Vivir en el Ecuador.
Hemos enfrentado a los grandes monopolios que negocian con la información, que
han reducido la libertad de expresión a libertad de empresa. Profunda
contradicción ética. La libertad de expresión restringida a la manipulación de
unos cuantos monopolios privados que proveen un bien público indispensable para
la sociedad: la información y la comunicación que les otorga un poder tan
grande como ilegítimo. Esta contradicción ha producido la privatización de la opinión
pública y el uso del poder informativo para convertirse en actores políticos
ilegítimos en nuestras democracias. Al defender los intereses de estos grandes
medios no se está defendiendo la libertad de expresión ni los derechos humanos,
sino tan solo, y como siempre, los privilegios del gran capital. En general, la
práctica común fue siempre crear un grupo económico y usar los medios, no para
informar, sino para defender sus intereses. Por ello, en un proceso
absolutamente democrático, en la Consulta Popular del 7 de Mayo de 2011, el pueblo
ecuatoriano decidió con su voto disponer la separación entre la actividad
mediática y otras actividades económicas. Hemos avanzado en esa batalla pero
aún nos faltan pasos gigantes para la plena democratización del campo
comunicacional. Llegar al gobierno no implica detentar el poder, apenas abre la
ocasión para disputarlo. No nos ha temblado la mano para luchar contra los poderes
económicos El principal agente del capitalismo neoliberal, el capital
financiero- bancario, vio largamente reducida su capacidad de influencia
política en las grandes decisiones gubernamentales. Sus intereses fueron apartados
del núcleo central de la agenda pública mediante la renegociación de la deuda externa,
una activa política de regulación bancaria y el fin de la autonomía de una
banca central históricamente rendida a los pies de los intereses especulativos.
Incautamos, además, los bienes de aquellos banqueros que dejaron al país en la
ruina, llevándose el dinero de miles y miles de depositantes. Ahora el capital
financiero se somete a rigurosos mecanismos de control y regulación, pues nunca
más permitiremos un nuevo salvataje bancario como el de 1999. Repatriamos
nuestro dinero. Con la revolución financiera, más US$ 1.000 millones
depositados en el exterior volvieron a nuestro país. A la vez, capitalizamos la
banca pública: entre 2007 y 2011 han sido otorgados créditos por aproximadamente
US$ 6.400 millones. La banca pública es un instrumento fundamental para la
transformación productiva del país.
La disputa contra los poderes fáctico supuso también
desplazar de los centros del poder político a las representaciones gremiales de
empresarios rentistas cuyo único proyecto era blindar sus intereses con el
manto estatal. De esta manera se eliminó la representación de diversas fracciones
del capital privado en todo consejo de políticas públicas en el que tuvieran voz
y voto a nivel estatal y, por tanto, se redujo su influjo en la determinación
de la agenda pública. En el marco de esta lucha de poder, impulsamos una
relación equilibrada entre sociedad,
Estado y mercado. No nos sometimos al “dios mercado”,
sacramentado por nuestros opositores,
por la gran banca y la burguesía en un escenario
donde se profundiza una de las más
graves crisis económicas de los países del
Norteen los dos últimos siglos.
Ahora tenemos un Estado con capacidad de poner
condiciones y no subordinarse a los intereses
del capital, de las transnacionales o de la
banca multilateral. Así como la Revolución
Liberal Alfarista tuvo como uno de sus
principales objetivos construir un Estado laico, la Revolución Ciudadana ha
tenido como objetivo separar al Estado de los poderes económicos
fácticos y estructurar un proyecto de nación al
servicio de los intereses generales. Esto no
implica pretender la desaparición de las
fuerzas del mercado, como defiende cierto discurso
seudo radical, pero sí someterlas al bien común,
expresado en la capacidad del Estado
para procesar las demandas populares. Una
señal de la recuperación de la autonomía del Estado y de la separación entre
gobierno democrático y poderes privados ha sido la aprobación de la Ley de
Regulación y Control del Poder de Mercado. Con esta ley se empieza a poner fin
al poder monopólico que históricamente ha ostentado los capitales en Ecuador,
al explotar a pequeños y medianos productores e incluso al avasallar a los
propios ciudadanos como consumidores.
Hemos recuperado los sectores estratégicos: los
hidrocarburos, la energía y el agua ya no
podrán ser privatizados para enriquecer a unos
pocos y servir a intereses ajenos a los del pueblo
ecuatoriano. La nueva legislación somete a las
transnacionales petroleras y energéticas a contratos de prestación de servicios
en los que los recursos no renovables son propiedad del
conjunto de los ecuatorianos representados por
el Estado. Con la renegociación de contratos
petroleros, el Ecuador recibió US$ 2,100
millonesadicionales. Dicho dinero ha sido invertido
para el Buen Vivir de todos los ecuatorianos y
ecuatorianas. La inversión privada comprometida por nuevos contratos petroleros
es de más de US$ 3 mil millones. Se ha iniciado el proyecto de inversión más
importante de la historia del país: la Refinería del Pacífico que nos permitirá
ahorrar US$ 3 mil millones por año en importaciones derivadas del petróleo. Al
mismo tiempo, con la iniciativa Yasuní-ITT (Parque Nacional Yasuní-Ishpingo,
Tambococha y Tiputini), el Ecuador es pionero en el mundo por la propuesta más
innovadora de emisiones netas evitadas. Al mantener el petróleo bajo tierra se
impedirá la emisión de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono,
reduciendo los efectos negativos del cambio climático, a cambio de la
corresponsabilidad de la comunidad internacional. Llevamos seis años impulsando
la iniciativa y seguiremos disputando su
definitiva realización. Impulsamos la minería
responsable y sostenible. El 52% de los recursos de las rentas mineras son para
el Estado; es decir, para los y las ecuatorianas: la mayor renta minera en el
mundo. En 2012 iniciamos la inversión social en las zonas de influencia de los
proyectos estratégicos con US$ 300 millones. Ahora los recursos estratégicos permiten
que la gente viva mejor en sus propios territorios. Con una inversión de US$ 5
mil millones, estamos construyendo 8 proyectos hidroeléctricos que nos permitirán
alcanzar la soberanía energética, contar con energía limpia a bajo costo y
exportar electricidad. Se terminó con los negociados de los grupos oligárquicos
que generaban energía térmica con sus propias plantas contaminantes para
venderla al Estado. Al dejar de usar diesel para producir energía ahorramos US$
50 millones por año. En 2012, el 65% de la energía eléctrica que consumimos proviene
de fuentes hídricas, mientras que en 2006 este porcentaje era apenas del 46%. Con
este conjunto de políticas soberanas, mientras la crisis capitalista arrecia en
el norte rico del planeta, el Ecuador exhibe unas robustas cifras económicas
que combinan una tasa de crecimiento del 7.8% en 2011, una de las tasas de
desempleo urbano más bajas de los últimos años —la más baja de la región
(4,6%)— y la continuidad de las políticas distributivas con reducción de la pobreza
y la desigualdad social. En efecto, estas medidas han dado paso a algo fundamental
para un proyecto de izquierda: redistribuir la riqueza y avanzar hacia la
justicia social. En sociedades estructuralmente inequitativas como la
ecuatoriana, no se puede pensar en un proceso de ampliación de las oportunidades
sociales sin afectar la desigualdad. Por consiguiente hemos dado prioridad a la
redistribución del ingreso y de la riqueza socialmente generada. La desigualdad
por ingresos medida por el coeficiente de Gini ha caído en 7 puntos desde que
asumimos el gobierno. Mientras en 2006, el 10% más rico percibía 28 veces más
ingresos que el 10% más pobre, en 2011 esta brecha se redujo en 10 veces. De
modo simultáneo, redujimos la pobreza por ingreso en 12 puntos entre 2006 y
2012. Por primera vez en la historia del país la pobreza extrema por ingresos
llegó a un dígito (9%) en junio de 2012. Todo ello ha sido posible gracias al
cambio de prioridades: la renegociación soberana de la deuda externa que
priorizó la inversión social, la recuperación de los recursos naturales para los
ecuatorianos y las ecuatorianas, y una política tributaria que hace realidad el
principio de que quienes más tienen deben ser quienes más contribuyan - entre
2006 y 2011 logramos duplicar la recaudación sin crear nuevos impuestos. El
dinamismo de la economía y el combate a la desigualdad no se sostienen en la
precarización del trabajo como fue lo usual en tiempos neoliberales. La lucha
por condiciones laborales dignas ha ocupado un lugar preferente para la
Revolución Ciudadana porque el trabajo, a más de ser una fuente de bienestar, de
generación de riqueza y de realizaciones, es el principal mecanismo de
integración social y de articulación entre la esfera social y la económica. En
respuesta a las demandas sociales represadas desde hace una década, la
Revolución Ciudadana eliminó la tercerización laboral, incrementó la cobertura
de la seguridad social (de 25,7% en 2007 a 37,9% en 2011 de la población económicamente
activa; y de 41,3% a 61,7% en ocupados plenos), impulsó la formalización y
protección del trabajo de las empleadas domésticas, e incrementó el salario
mínimo mensualizado de US$ 187 en diciembre de 2006 a US$ 341 en septiembre de
2012. El trabajo es más importante que el capital. El Gobierno de la Revolución
Ciudadana hizo efectivo el mandato popular de tipificar como delito la no
afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de los
trabajadores en relación de dependencia. También se ha dado cabal cumplimiento
al principio constitucional que establece el salario digno. Ningún empresario puede
cobrar utilidades sin que antes sus trabajadores reciban un salario que permita
a su familia cubrir la canasta básica. Los maestros, servidores de la salud,
policías y militares recibían antes sueldos de miseria. El Gobierno Nacional
aumentó sus salarios y mejoró sus condiciones laborales. El Estado hace efectivo
el ejercicio de los derechos a la educación, a la salud y a la seguridad. Todo
ello aparece como señal contundente de que el proceso de cambio iniciado ha
dado primacía al trabajo sobre el capital y ha modificado la lógica que hizo
del Estado una herramienta de las clases dominantes. La revolución educativa es
ya una realidad. Hemos incrementado el acceso a la educación en todos sus niveles.
El acceso gratuito a la educación superior ha permitido que las personas más
pobres, los pueblos indígenas y los afroecuatorianos dupliquen su porcentaje de
matrícula en las universidades. Hemos impulsado el programa de becas más
ambicioso de la historia con más de 5.000 becas para que nuestros jóvenes
puedan estudiar en universidades extranjeras. Los 7 gobiernos anteriores juntos
apenas entregaron 300 becas. Premiamos la excelencia. Los estudiantes con
mayores calificaciones pueden escoger a las mejores universidades del mundo, y
son financiados por el gobierno nacional. Evaluamos a las universidades y
tuvimos que cerrar 14 de ellas que constituían una estafa académica a las y los
jóvenes del país. Lohicimos con responsabilidad y aplicamos un plan de contingencia
para que los estudiantes estafados puedan reconducir sus carreras
universitarias en mejores condiciones. Hemos liberado a la educación,
secuestrada durante años por el MPD, que la usó como fuente de poder y la
mantuvo en la mediocridad, la violencia y la desidia. Hemos creado nuevas
partidas docentes. Ahora los profesores acceden a la cátedra por concurso de
merecimientos y son evaluados periódicamente. Se ha implementado el nuevo
currículum para el bachillerato nacional unificado. Estamos construyendo un
sistema educativo de calidad, con maestros bien remunerados, una educación basada
en la evaluación, en el mérito, con infraestructura adecuada, laboratorios y
certificaciones
internacionales.
La Revolución Ciudadana ha caminado hacia la despolitización y desmercantilización
del sistema de justicia. La Consulta Popular del 7 de mayo de 2011 significó un
gran paso para romper con el antiguo sistema de administración de justicia que
se caracterizaba por los altos niveles de ineficiencia de sus operadores, así como
también por la proliferación de múltiples casos de corrupción de abogados,
jueces, servidores administrativos y fuerzas policiales. Derivado de la demanda
ciudadana, se llevó adelante el proceso de transformación del sistema con la
creación de un Consejo de la Judicatura de Transición. Se fortaleció la institucionalidad
de la administración de justicia para contar con suficientes operadores,
judicaturas acordes con las necesidades de la población, nuevos espacios físicos
modernos y con tecnologías de punta, complementados con una capacitación
orientada a un nuevo modelo de gestión que optimizará el tiempo de los
trámites. Se eliminaron prácticas clientelares para la designación de operadores
de justicia, en lo relacionado con el ingreso, la evaluación, la promoción, el
ascenso, la cesación y la remoción de los funcionarios judiciales. Fueron
construidos espacios de diálogo interinstitucionales para generar una articulación
en la acción de las instituciones de justicia con los otros poderes del Estado.
Y se concretaron proyectos de Ley sobre delitos flagrantes y tránsito, género,
justicia de paz y ambiente, entre otros. Se han invertido ingentes recursos
económicos, logísticos y educativos destinados a recuperar la capacidad
operativa de las fuerzas de seguridad, con la finalidad de tener un mejor nivel
de respuesta a las demandas de la ciudadanía y establecer cambios revolucionarios
en el manejo y la atención a la seguridad desde una perspectiva integral. Para
la Revolución Ciudadana el territorio es fundamental. Nuestro gobierno ha
impulsado, como ningún otro, el fortalecimiento de los gobiernos autónomos
descentralizados, para enfrentar las desigualdades territoriales existentes. Durante
estos seis años jamás se retrasaron las asignaciones a los gobiernos
provinciales,municipales y parroquiales. Trabajamos por la descentralización
efectiva, acompañada de la desconcentración de la función ejecutiva en los
territorios, con el fin de acercar la acción pública a la ciudadanía y de generar
un Estado policéntrico y sólido a la vez. En estos seis años, hemos generado
una nueva visión que potencia la relación entre cultura y naturaleza, que nos
reafirma en nuestra identidad, que reconoce al patrimonio como una herencia que
se produce dentro del Estado plurinacional. Esto se ha traducido en el
reconocimiento de los derechos de la naturaleza y en políticas públicas para
ampliar las áreas protegidas, la protección de los ecosistemas y de las
culturas. En el período de gobierno de la Revolución Ciudadana el Ecuador
ingresó a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CONVEMAR). Fruto de ello, ahora el territorio marítimo representa el 84% del
territorio nacional, convirtiéndose en una ventana de oportunidades para el
enriquecimiento, no sólo de los 4.1 millones de ecuatorianas y ecuatorianos residentes
en la franja costera, sino del conjunto de nuestros pueblos. Los logros de la
Revolución Ciudadana son, en suma, contundentes: el rescate de lo público y la
reconstrucción de un Estado que había sido desmantelado por el neoliberalismo
salvaje y la indiferencia de la burguesía. El impulso de una política
nacionalista y soberana para reapropiarnos de nuestros recursos estratégicos y sortear
los diversos bloqueos de la geopolítica global. La decisión histórica de
liberarnos del peso de la deuda externa como instrumento imperial de chantaje,
dominación y extorsión económica. La construcción de una obra pública inmensa,
de grandes inversiones sociales para el bien común y la construcción de una sociedad
más justa y solidaria. La promulgación de una carta constitucional que nos
permite superar el neoliberalismo, ampliar los derechos ciudadanos y
protegernos de la dominación del capital financiero-especulativo. Todos estos logros
han sido avances mayúsculos para la construcción del Socialismo del Buen Vivir
en el Ecuador. No es casualidad, entonces, que la sociedad haya recuperado la
confianza perdida en la acción política y en las instituciones democráticas del
país. Sin dicha confianza popular hubiera sido imposible gobernar de modo
eficiente y activo en medio de la resistencia enconada y violenta de los
sectores retardatarios. El 30 de septiembre de 2010 —el día más triste de este proceso
esperanzador— se puso a prueba la consistencia y la legitimidad de las
instituciones democráticas ante el desaforado intento de obscuras fuerzas que
buscaban volver al pasado de la patria de pocos. La voluntad del pueblo ecuatoriano
logró vencer a las balas y detuvo a los sectores antidemocráticos. Sin el reconocimiento
de la legitimidad del Gobierno de la Revolución Ciudadana y sin la movilización
popular no habría sido posible vencer el intento golpista. En el pasado, el
pueblo salió a las calles para destituir a gobiernos sin arraigo ni anclaje popular.
El 30 de septiembre el pueblo salió a las calles a defender el cambio y la democracia.
Esa fue la señal definitiva de una sociedad que recupera la confianza en la democracia,
en las instituciones políticas y en la conducción de un proyecto nacional que apunta
a sostener el bien común.
Todo lo
realizado, sin embargo, no es aún suficiente para romper la hegemonía del
mercado capitalista que ha imperado en Ecuador, ni tampoco para cerrar las
brechas sociales aún flagrantes. Transformar la base productiva del país y
profundizar en la distribución de los medios de producción siguen siendo retos
políticos para un gobierno de cambio. No podemos, sin embargo, subestimar la
potencia democrática de los pasos realizados. El núcleo central de la agenda
política que planteó la Revolución Ciudadana en 2006 ha direccionado con vigor las
políticas públicas y la acción estatal en estos seis años. La legitimidad
democrática y el respaldo popular al proceso son producto de la coherencia
política y programática de un gobierno popular comprometido con el cambio. Se
trata de una señal clara de la orientación global del proceso. Ello no es un
dato menor en el marco de posturas que se conforman con encontrar “lo bueno” del
capitalismo y de veleidades radicales que plantean falsas ilusiones que no son
viables social ni políticamente. Somos conscientes de que quedan todavía muchos
e importantes desafíos pendientes. Un proceso de transformación político,
social, económico y cultural requiere de una estructura de gobierno estable y
eficiente que garantice, en el tiempo, las condiciones de poder para proseguir en
la disputa del cambio. El enorme acumulado histórico de demandas populares sin resolver
difícilmente puede procesarse en un ciclo de gobierno. Hemos avanzado. Pero las
urgencias y las necesidades populares deben continuar siendo procesadas por un
gobierno en disposición de hacerlas efectivas. Para continuar en la trayectoria
del cambio revolucionario en democracia requerimos, entonces, asegurar las
condiciones políticas que permitan la continuidad de un gobierno de y para las
grandes mayorías. En este sentido, este Programa de Gobierno convoca a la
sociedad a dar continuidad al gobierno de la Revolución Ciudadana. En el momento
político que se abre con las elecciones de 2013 requerimos de todo el apoyo
popular para innovar, radicalizar y profundizar en el cumplimiento y resolución
de las demandas sociales. Se trata de continuar gobernando y gobernar innovando;
de gobernar para profundizar el cambio.
Por todo
ello, concebimos este Programa de Gobierno como un conjunto de principios, objetivos
y propuestas políticas que permitan la más amplia articulación social y
política con todas aquellas voluntades que aspiren hacer del Ecuador una Patria
Altiva y Soberana. El presente texto contempla un extenso abanico de propuestas
y líneas de acción para los próximos cuatro años, una verdadera agenda de la
Revolución Ciudadana a implementar por parte del Gobierno y de la Asamblea
Nacional. Para el cumplimiento del Programa de Gobierno será imprescindible
contar con la participación de organizaciones, colectivos, movimientos y de la
ciudadanía en general. La existencia de una población viva, activa y crítica es
condición de necesidad y posibilidad para continuar en la búsqueda del
ambicioso reto que dibujamos en Montecristi y ratificamos, hoy, con este
programa político. Estamos convencidos de que las transformaciones emancipadoras
que nos propusimos en 2007 no podrán conseguirse con el simple accionar de los
poderes. Tenemos que ir más lejos. Necesitamos incluir a nuevos actores
sociales que se junten al esfuerzo transformador de la Revolución Ciudadana.
Hemos demostrado con acciones concretas nuestra voluntad de cambio estructural
de las raíces de la injusticia, la discriminación y la explotación de mayorías ciudadanas.
La lucha por la profundización del cambio requiere de un claro liderazgo
político, de una responsable y fuerte militancia con capacidad crítica para
afianzar el proyecto de transformación y del fortalecimiento de estructuras organizativas
de diverso tipo en todo el territorio nacional. Este es el momento, este es el
lugar para unirnos, para juntar sueños, fuerzas y esperanzas en una apuesta
política para conquistar nuestra segunda y definitiva independencia, para
lograr proyectarnos hacia el futuro, para hacer de este Ecuador una Patria
inmensa en donde el trabajo, la justicia, la libertad, y la solidaridad nos identifiquen
como un pueblo digno, democrático y soberano.
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