galo-galo-uni-ccaa@gmail.comalianzapaisbelgica@hotmail.bealianzapaisambato@hotmail.comalianzapaisambato@hotmail.comjovenesrevolucionariosbolivar@hotmail.comPROGRAMA
DE
GOBIERNO
2013 -
2017
GOBERNAR
PARA PROFUNDIZAR EL CAMBIO
para el
Socialismodel Buen Vivir
Propuestas
Gobernar paraprofundizar el cambio La
reinvención de la gesta independentista en su afán soberano y libertario, la
recuperación del legado de Eloy Alfaro, las experiencias populares
latinoamericanas que miran siempre desde el Sur y las transformaciones
realizadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana, hacen de este tiempo un momento
propicio para profundizar en la búsqueda de mayor justicia social, solidaridad,
democracia y soberanía. Las elecciones son una experiencia y oportunidad únicas
para el debate y la deliberación democrática en las diversas regiones,
provincias, ciudades, pueblos, comunidades en las cuales Alianza País no solo
ha sometido a discusión sus principios y propuestas programáticas, sino que ha
recogido las demandas del conjunto de la sociedad. El presente Programa de
Gobierno es fruto de ese proceso participativo e inclusivo. Se trata de un
documento que refleja la voluntad de una fuerza revolucionaria que recoge las
aspiraciones de cada territorio, de cada movimiento social y del conjunto de
ciudadanos y ciudadanas dispuestos a continuar transformando el Ecuador.
Cuando asumimos el gobierno en 2007 teníamos
el desafío inmenso de poner en movimiento una sociedad hastiada de la política
y sin proyecto de nación; de reactivar una economía paralizada por el peso del
capital especulativo y el servicio entreguista a la deuda externa, y de
transformar un Estado capturado por intereses particulares de toda índole y sin
ninguna disposición por la defensa del bien común. Seis años más tarde podemos
decir que hemos honrado la voluntad popular y hemos sido capaces de transformar
la pluralidad de demandas sociales en un proyecto histórico de nación que se despliega
por el impulso de un gobierno popular, de un Estado democrático y de una
sociedad digna, con expectativas de futuro y capacidades para disputarlo en el
presente.
Estamos construyendo el Ecuador del Buen
Vivir, cuyo centro es el ser humano, la vida y la naturaleza. A partir de 2007,
recuperamos y repotenciamos la planificación que fue totalmente relegada por el
neoliberalismo que dejó una institucionalidad desmantelada. Hemos recuperado
una institución con horizonte de futuro −la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo−, que programa la política pública y orienta la
inversión en las áreas que más necesita la ciudadanía, tales como salud,
educación, carreteras, vivienda, entre otros. La planificación evalúa de manera
constante la consecución del programa gubernamental, para lo cual coordina la
generación de información oportuna y de calidad. Nos adentramos en los
territorios y sus particularidades para lograr una mayor eficacia; por ello es
fundamental la planificación ycoordinación del Ejecutivo con los gobiernos autónomos
descentralizados (consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales).
Ahora contamos con un sistema de planificación descentralizado y participativo,
que evalúa las necesidades en los propios territorios, lo cual nos convierte en
un modelo a seguir en la región.
El Plan Nacional para el Buen Vivir ha
orientado nuestro quehacer en base a doce objetivos:
1) Auspiciar la igualdad, la cohesión y la
integración social y territorial en la diversidad.
2) Mejorar las capacidades y potencialidades
de la ciudadanía.
3) Mejorar la calidad de vida de la población.
4) Garantizar los derechos de la naturaleza y
promover un ambiente sano y sustentable.
5) Garantizar la soberanía y la paz, e
impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración
latinoamericana.
6) Garantizar el trabajo estable, justo y
digno, en su diversidad de formas.
7) Construir y fortalecer espacios públicos
interculturales y de encuentro común.
8) Afirmar y fortalecer la identidad nacional,
las identidades diversas, la plurinacionalidad y
la interculturalidad.
9) Garantizar la vigencia de los derechos y la
justicia.
10) Garantizar el acceso a la participación
pública y política.
11) Establecer un sistema económico social,
solidario y sostenible.
12) Construir un Estado Democrático para el
Buen Vivir.
Planificación e inversión van de la mano.
Nunca más la inversión de los recursos de la
ciudadanía responderá a presiones políticas o a intereses de las élites que
despojaron al país. Los recursos públicos ya no alimentan las fortunas de las
oligarquías. Ahora la inversión pública es un motor de la economía que se
complementa con la inversión privada. Esta planificación de los recursos nos
permite enfrentar en forma adecuada las recurrentes crisis económicas y
financieras internacionales, y reduce nuestra dependencia externa.
Hemos tenido una participación activa en el
concierto internacional y se ha promovido un nuevo orden mundial multipolar,
más justo y democrático. La integración energética, defensa, infraestructura,
investigación, ciencia y tecnología, han sido prioridades estratégicas de
nuestro gobierno. Hemos contribuido al fortalecimiento de la Unión de Naciones
Suramericanas
(UNASUR), de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA) y a la creación de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Hemos aportado significativamente al
diseño de un nuevo orden monetario y financiero regional, que tiene como punto
de partida la creación del Banco del Sur. Se ha creado el
Fondo Común de Reservas del Sur. El Sistema
Único de Compensaciones Regionales (SUCRE)
es ya una realidad; entre 2010 y 2012 se han
realizado transferencias por aproximadamente
US$ 851 millones. Impulsamos un sistema de
comercio e inversiónsustentado en la justicia y la solidaridad, que genera
mecanismos de control a las corporaciones multinacionales. Rechazamos
frontalmente que controversias con empresas
privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados. La Corte
Constitucional declaró inconstitucionales a 11 Tratados Bilaterales de
Inversión (TBI) que son instrumentos de lastransnacionales para saquear al país
por medio de obscuros procesos de arbitraje internacional. Renegociamos de
manera soberana la deuda externa, aquel oprobioso mecanismo de dominación hacia
los pueblos del Sur. Por primera vez en la historia, no solamente del Ecuador,
sino del mundo entero, un gobierno impulsó un proceso de auditoría pública de
la deuda externa y declaró ilegítimos e inmorales algunos de sus tramos.
Mientras en gobiernos anteriores lo fundamental era el servicio de la deuda externa,
en nuestro gobierno la vida está sobre la deuda y por ello la inversión social
ha triplicado el servicio a la deuda externa. En 2006, por cada dólar invertido
en el sector social, se destinaban
US$ 1,8 al pago de la deuda. En 2011, pagamos
por deuda externa 33 centavos por cada dólar invertido en la población. En todo
momento hemos apoyado y protegido a nuestros hermanos migrantes, pues somos
partidarios de la libre circulación de personas y de la ciudadanía universal.
Rechazamos las políticas migratorias de aquellos países del norte que defienden
la libre circulación de las mercancías y del capital y crean muros entre los seres
humanos.
Somos un pueblo de paz. Con la recuperación de
la base militar estadounidense en
Manta, ejercimos nuestra soberanía en todo el
territorio del país. Nunca más tendremos bases
militares extranjeras en territorio
ecuatoriano. Así como fuimos firmes para defender nuestra soberanía, no
permitimos que el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI)
nos entreguen recetas para obligarnos a cumplir condiciones. Nuestro proyecto
económico lo hemos decidido soberanamente los y las ecuatorianas con un
gobierno popular con profunda convicción democrática y voluntad de
transformación estructural de las relaciones económicas, políticas y sociales. Dicha
voluntad de cambio ha implicado que la confrontación con los poderes fácticos,
dentro y fuera del país, no haya cesado ni un solo día desde que accedimos al
ejercicio del gobierno en 2007. Hemos enfrentado democráticamente esos ataques,
pues creemos que no puede haber democracia sin una separación entre el poder
político derivado de la voluntad popular y el poder de las élites económicas.
No vamos a permitir que los intereses económicos
chantajeen
al poder político o que los gobiernos sean tan solo siervos de intereses
privados.
Asumimos la batalla por la palabra, por los sentidos,
por las libertades de hombres y mujeres,
que buscan ampliar en el presente las opciones
históricas para la construcción del Socialismo del Buen Vivir en el Ecuador.
Hemos enfrentado a los grandes monopolios que negocian con la información, que
han reducido la libertad de expresión a libertad de empresa. Profunda
contradicción ética. La libertad de expresión restringida a la manipulación de
unos cuantos monopolios privados que proveen un bien público indispensable para
la sociedad: la información y la comunicación que les otorga un poder tan
grande como ilegítimo. Esta contradicción ha producido la privatización de la opinión
pública y el uso del poder informativo para convertirse en actores políticos
ilegítimos en nuestras democracias. Al defender los intereses de estos grandes
medios no se está defendiendo la libertad de expresión ni los derechos humanos,
sino tan solo, y como siempre, los privilegios del gran capital. En general, la
práctica común fue siempre crear un grupo económico y usar los medios, no para
informar, sino para defender sus intereses. Por ello, en un proceso
absolutamente democrático, en la Consulta Popular del 7 de Mayo de 2011, el pueblo
ecuatoriano decidió con su voto disponer la separación entre la actividad
mediática y otras actividades económicas. Hemos avanzado en esa batalla pero
aún nos faltan pasos gigantes para la plena democratización del campo
comunicacional. Llegar al gobierno no implica detentar el poder, apenas abre la
ocasión para disputarlo. No nos ha temblado la mano para luchar contra los poderes
económicos El principal agente del capitalismo neoliberal, el capital
financiero- bancario, vio largamente reducida su capacidad de influencia
política en las grandes decisiones gubernamentales. Sus intereses fueron apartados
del núcleo central de la agenda pública mediante la renegociación de la deuda externa,
una activa política de regulación bancaria y el fin de la autonomía de una
banca central históricamente rendida a los pies de los intereses especulativos.
Incautamos, además, los bienes de aquellos banqueros que dejaron al país en la
ruina, llevándose el dinero de miles y miles de depositantes. Ahora el capital
financiero se somete a rigurosos mecanismos de control y regulación, pues nunca
más permitiremos un nuevo salvataje bancario como el de 1999. Repatriamos
nuestro dinero. Con la revolución financiera, más US$ 1.000 millones
depositados en el exterior volvieron a nuestro país. A la vez, capitalizamos la
banca pública: entre 2007 y 2011 han sido otorgados créditos por aproximadamente
US$ 6.400 millones. La banca pública es un instrumento fundamental para la
transformación productiva del país.
La disputa contra los poderes fáctico supuso también
desplazar de los centros del poder político a las representaciones gremiales de
empresarios rentistas cuyo único proyecto era blindar sus intereses con el
manto estatal. De esta manera se eliminó la representación de diversas fracciones
del capital privado en todo consejo de políticas públicas en el que tuvieran voz
y voto a nivel estatal y, por tanto, se redujo su influjo en la determinación
de la agenda pública. En el marco de esta lucha de poder, impulsamos una
relación equilibrada entre sociedad,
Estado y mercado. No nos sometimos al “dios mercado”,
sacramentado por nuestros opositores,
por la gran banca y la burguesía en un escenario
donde se profundiza una de las más
graves crisis económicas de los países del
Norteen los dos últimos siglos.
Ahora tenemos un Estado con capacidad de poner
condiciones y no subordinarse a los intereses
del capital, de las transnacionales o de la
banca multilateral. Así como la Revolución
Liberal Alfarista tuvo como uno de sus
principales objetivos construir un Estado laico, la Revolución Ciudadana ha
tenido como objetivo separar al Estado de los poderes económicos
fácticos y estructurar un proyecto de nación al
servicio de los intereses generales. Esto no
implica pretender la desaparición de las
fuerzas del mercado, como defiende cierto discurso
seudo radical, pero sí someterlas al bien común,
expresado en la capacidad del Estado
para procesar las demandas populares. Una
señal de la recuperación de la autonomía del Estado y de la separación entre
gobierno democrático y poderes privados ha sido la aprobación de la Ley de
Regulación y Control del Poder de Mercado. Con esta ley se empieza a poner fin
al poder monopólico que históricamente ha ostentado los capitales en Ecuador,
al explotar a pequeños y medianos productores e incluso al avasallar a los
propios ciudadanos como consumidores.
Hemos recuperado los sectores estratégicos: los
hidrocarburos, la energía y el agua ya no
podrán ser privatizados para enriquecer a unos
pocos y servir a intereses ajenos a los del pueblo
ecuatoriano. La nueva legislación somete a las
transnacionales petroleras y energéticas a contratos de prestación de servicios
en los que los recursos no renovables son propiedad del
conjunto de los ecuatorianos representados por
el Estado. Con la renegociación de contratos
petroleros, el Ecuador recibió US$ 2,100
millonesadicionales. Dicho dinero ha sido invertido
para el Buen Vivir de todos los ecuatorianos y
ecuatorianas. La inversión privada comprometida por nuevos contratos petroleros
es de más de US$ 3 mil millones. Se ha iniciado el proyecto de inversión más
importante de la historia del país: la Refinería del Pacífico que nos permitirá
ahorrar US$ 3 mil millones por año en importaciones derivadas del petróleo. Al
mismo tiempo, con la iniciativa Yasuní-ITT (Parque Nacional Yasuní-Ishpingo,
Tambococha y Tiputini), el Ecuador es pionero en el mundo por la propuesta más
innovadora de emisiones netas evitadas. Al mantener el petróleo bajo tierra se
impedirá la emisión de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono,
reduciendo los efectos negativos del cambio climático, a cambio de la
corresponsabilidad de la comunidad internacional. Llevamos seis años impulsando
la iniciativa y seguiremos disputando su
definitiva realización. Impulsamos la minería
responsable y sostenible. El 52% de los recursos de las rentas mineras son para
el Estado; es decir, para los y las ecuatorianas: la mayor renta minera en el
mundo. En 2012 iniciamos la inversión social en las zonas de influencia de los
proyectos estratégicos con US$ 300 millones. Ahora los recursos estratégicos permiten
que la gente viva mejor en sus propios territorios. Con una inversión de US$ 5
mil millones, estamos construyendo 8 proyectos hidroeléctricos que nos permitirán
alcanzar la soberanía energética, contar con energía limpia a bajo costo y
exportar electricidad. Se terminó con los negociados de los grupos oligárquicos
que generaban energía térmica con sus propias plantas contaminantes para
venderla al Estado. Al dejar de usar diesel para producir energía ahorramos US$
50 millones por año. En 2012, el 65% de la energía eléctrica que consumimos proviene
de fuentes hídricas, mientras que en 2006 este porcentaje era apenas del 46%. Con
este conjunto de políticas soberanas, mientras la crisis capitalista arrecia en
el norte rico del planeta, el Ecuador exhibe unas robustas cifras económicas
que combinan una tasa de crecimiento del 7.8% en 2011, una de las tasas de
desempleo urbano más bajas de los últimos años —la más baja de la región
(4,6%)— y la continuidad de las políticas distributivas con reducción de la pobreza
y la desigualdad social. En efecto, estas medidas han dado paso a algo fundamental
para un proyecto de izquierda: redistribuir la riqueza y avanzar hacia la
justicia social. En sociedades estructuralmente inequitativas como la
ecuatoriana, no se puede pensar en un proceso de ampliación de las oportunidades
sociales sin afectar la desigualdad. Por consiguiente hemos dado prioridad a la
redistribución del ingreso y de la riqueza socialmente generada. La desigualdad
por ingresos medida por el coeficiente de Gini ha caído en 7 puntos desde que
asumimos el gobierno. Mientras en 2006, el 10% más rico percibía 28 veces más
ingresos que el 10% más pobre, en 2011 esta brecha se redujo en 10 veces. De
modo simultáneo, redujimos la pobreza por ingreso en 12 puntos entre 2006 y
2012. Por primera vez en la historia del país la pobreza extrema por ingresos
llegó a un dígito (9%) en junio de 2012. Todo ello ha sido posible gracias al
cambio de prioridades: la renegociación soberana de la deuda externa que
priorizó la inversión social, la recuperación de los recursos naturales para los
ecuatorianos y las ecuatorianas, y una política tributaria que hace realidad el
principio de que quienes más tienen deben ser quienes más contribuyan - entre
2006 y 2011 logramos duplicar la recaudación sin crear nuevos impuestos. El
dinamismo de la economía y el combate a la desigualdad no se sostienen en la
precarización del trabajo como fue lo usual en tiempos neoliberales. La lucha
por condiciones laborales dignas ha ocupado un lugar preferente para la
Revolución Ciudadana porque el trabajo, a más de ser una fuente de bienestar, de
generación de riqueza y de realizaciones, es el principal mecanismo de
integración social y de articulación entre la esfera social y la económica. En
respuesta a las demandas sociales represadas desde hace una década, la
Revolución Ciudadana eliminó la tercerización laboral, incrementó la cobertura
de la seguridad social (de 25,7% en 2007 a 37,9% en 2011 de la población económicamente
activa; y de 41,3% a 61,7% en ocupados plenos), impulsó la formalización y
protección del trabajo de las empleadas domésticas, e incrementó el salario
mínimo mensualizado de US$ 187 en diciembre de 2006 a US$ 341 en septiembre de
2012. El trabajo es más importante que el capital. El Gobierno de la Revolución
Ciudadana hizo efectivo el mandato popular de tipificar como delito la no
afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de los
trabajadores en relación de dependencia. También se ha dado cabal cumplimiento
al principio constitucional que establece el salario digno. Ningún empresario puede
cobrar utilidades sin que antes sus trabajadores reciban un salario que permita
a su familia cubrir la canasta básica. Los maestros, servidores de la salud,
policías y militares recibían antes sueldos de miseria. El Gobierno Nacional
aumentó sus salarios y mejoró sus condiciones laborales. El Estado hace efectivo
el ejercicio de los derechos a la educación, a la salud y a la seguridad. Todo
ello aparece como señal contundente de que el proceso de cambio iniciado ha
dado primacía al trabajo sobre el capital y ha modificado la lógica que hizo
del Estado una herramienta de las clases dominantes. La revolución educativa es
ya una realidad. Hemos incrementado el acceso a la educación en todos sus niveles.
El acceso gratuito a la educación superior ha permitido que las personas más
pobres, los pueblos indígenas y los afroecuatorianos dupliquen su porcentaje de
matrícula en las universidades. Hemos impulsado el programa de becas más
ambicioso de la historia con más de 5.000 becas para que nuestros jóvenes
puedan estudiar en universidades extranjeras. Los 7 gobiernos anteriores juntos
apenas entregaron 300 becas. Premiamos la excelencia. Los estudiantes con
mayores calificaciones pueden escoger a las mejores universidades del mundo, y
son financiados por el gobierno nacional. Evaluamos a las universidades y
tuvimos que cerrar 14 de ellas que constituían una estafa académica a las y los
jóvenes del país. Lohicimos con responsabilidad y aplicamos un plan de contingencia
para que los estudiantes estafados puedan reconducir sus carreras
universitarias en mejores condiciones. Hemos liberado a la educación,
secuestrada durante años por el MPD, que la usó como fuente de poder y la
mantuvo en la mediocridad, la violencia y la desidia. Hemos creado nuevas
partidas docentes. Ahora los profesores acceden a la cátedra por concurso de
merecimientos y son evaluados periódicamente. Se ha implementado el nuevo
currículum para el bachillerato nacional unificado. Estamos construyendo un
sistema educativo de calidad, con maestros bien remunerados, una educación basada
en la evaluación, en el mérito, con infraestructura adecuada, laboratorios y
certificaciones
internacionales.
La Revolución Ciudadana ha caminado hacia la despolitización y desmercantilización
del sistema de justicia. La Consulta Popular del 7 de mayo de 2011 significó un
gran paso para romper con el antiguo sistema de administración de justicia que
se caracterizaba por los altos niveles de ineficiencia de sus operadores, así como
también por la proliferación de múltiples casos de corrupción de abogados,
jueces, servidores administrativos y fuerzas policiales. Derivado de la demanda
ciudadana, se llevó adelante el proceso de transformación del sistema con la
creación de un Consejo de la Judicatura de Transición. Se fortaleció la institucionalidad
de la administración de justicia para contar con suficientes operadores,
judicaturas acordes con las necesidades de la población, nuevos espacios físicos
modernos y con tecnologías de punta, complementados con una capacitación
orientada a un nuevo modelo de gestión que optimizará el tiempo de los
trámites. Se eliminaron prácticas clientelares para la designación de operadores
de justicia, en lo relacionado con el ingreso, la evaluación, la promoción, el
ascenso, la cesación y la remoción de los funcionarios judiciales. Fueron
construidos espacios de diálogo interinstitucionales para generar una articulación
en la acción de las instituciones de justicia con los otros poderes del Estado.
Y se concretaron proyectos de Ley sobre delitos flagrantes y tránsito, género,
justicia de paz y ambiente, entre otros. Se han invertido ingentes recursos
económicos, logísticos y educativos destinados a recuperar la capacidad
operativa de las fuerzas de seguridad, con la finalidad de tener un mejor nivel
de respuesta a las demandas de la ciudadanía y establecer cambios revolucionarios
en el manejo y la atención a la seguridad desde una perspectiva integral. Para
la Revolución Ciudadana el territorio es fundamental. Nuestro gobierno ha
impulsado, como ningún otro, el fortalecimiento de los gobiernos autónomos
descentralizados, para enfrentar las desigualdades territoriales existentes. Durante
estos seis años jamás se retrasaron las asignaciones a los gobiernos
provinciales,municipales y parroquiales. Trabajamos por la descentralización
efectiva, acompañada de la desconcentración de la función ejecutiva en los
territorios, con el fin de acercar la acción pública a la ciudadanía y de generar
un Estado policéntrico y sólido a la vez. En estos seis años, hemos generado
una nueva visión que potencia la relación entre cultura y naturaleza, que nos
reafirma en nuestra identidad, que reconoce al patrimonio como una herencia que
se produce dentro del Estado plurinacional. Esto se ha traducido en el
reconocimiento de los derechos de la naturaleza y en políticas públicas para
ampliar las áreas protegidas, la protección de los ecosistemas y de las
culturas. En el período de gobierno de la Revolución Ciudadana el Ecuador
ingresó a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CONVEMAR). Fruto de ello, ahora el territorio marítimo representa el 84% del
territorio nacional, convirtiéndose en una ventana de oportunidades para el
enriquecimiento, no sólo de los 4.1 millones de ecuatorianas y ecuatorianos residentes
en la franja costera, sino del conjunto de nuestros pueblos. Los logros de la
Revolución Ciudadana son, en suma, contundentes: el rescate de lo público y la
reconstrucción de un Estado que había sido desmantelado por el neoliberalismo
salvaje y la indiferencia de la burguesía. El impulso de una política
nacionalista y soberana para reapropiarnos de nuestros recursos estratégicos y sortear
los diversos bloqueos de la geopolítica global. La decisión histórica de
liberarnos del peso de la deuda externa como instrumento imperial de chantaje,
dominación y extorsión económica. La construcción de una obra pública inmensa,
de grandes inversiones sociales para el bien común y la construcción de una sociedad
más justa y solidaria. La promulgación de una carta constitucional que nos
permite superar el neoliberalismo, ampliar los derechos ciudadanos y
protegernos de la dominación del capital financiero-especulativo. Todos estos logros
han sido avances mayúsculos para la construcción del Socialismo del Buen Vivir
en el Ecuador. No es casualidad, entonces, que la sociedad haya recuperado la
confianza perdida en la acción política y en las instituciones democráticas del
país. Sin dicha confianza popular hubiera sido imposible gobernar de modo
eficiente y activo en medio de la resistencia enconada y violenta de los
sectores retardatarios. El 30 de septiembre de 2010 —el día más triste de este proceso
esperanzador— se puso a prueba la consistencia y la legitimidad de las
instituciones democráticas ante el desaforado intento de obscuras fuerzas que
buscaban volver al pasado de la patria de pocos. La voluntad del pueblo ecuatoriano
logró vencer a las balas y detuvo a los sectores antidemocráticos. Sin el reconocimiento
de la legitimidad del Gobierno de la Revolución Ciudadana y sin la movilización
popular no habría sido posible vencer el intento golpista. En el pasado, el
pueblo salió a las calles para destituir a gobiernos sin arraigo ni anclaje popular.
El 30 de septiembre el pueblo salió a las calles a defender el cambio y la democracia.
Esa fue la señal definitiva de una sociedad que recupera la confianza en la democracia,
en las instituciones políticas y en la conducción de un proyecto nacional que apunta
a sostener el bien común.
Todo lo
realizado, sin embargo, no es aún suficiente para romper la hegemonía del
mercado capitalista que ha imperado en Ecuador, ni tampoco para cerrar las
brechas sociales aún flagrantes. Transformar la base productiva del país y
profundizar en la distribución de los medios de producción siguen siendo retos
políticos para un gobierno de cambio. No podemos, sin embargo, subestimar la
potencia democrática de los pasos realizados. El núcleo central de la agenda
política que planteó la Revolución Ciudadana en 2006 ha direccionado con vigor las
políticas públicas y la acción estatal en estos seis años. La legitimidad
democrática y el respaldo popular al proceso son producto de la coherencia
política y programática de un gobierno popular comprometido con el cambio. Se
trata de una señal clara de la orientación global del proceso. Ello no es un
dato menor en el marco de posturas que se conforman con encontrar “lo bueno” del
capitalismo y de veleidades radicales que plantean falsas ilusiones que no son
viables social ni políticamente. Somos conscientes de que quedan todavía muchos
e importantes desafíos pendientes. Un proceso de transformación político,
social, económico y cultural requiere de una estructura de gobierno estable y
eficiente que garantice, en el tiempo, las condiciones de poder para proseguir en
la disputa del cambio. El enorme acumulado histórico de demandas populares sin resolver
difícilmente puede procesarse en un ciclo de gobierno. Hemos avanzado. Pero las
urgencias y las necesidades populares deben continuar siendo procesadas por un
gobierno en disposición de hacerlas efectivas. Para continuar en la trayectoria
del cambio revolucionario en democracia requerimos, entonces, asegurar las
condiciones políticas que permitan la continuidad de un gobierno de y para las
grandes mayorías. En este sentido, este Programa de Gobierno convoca a la
sociedad a dar continuidad al gobierno de la Revolución Ciudadana. En el momento
político que se abre con las elecciones de 2013 requerimos de todo el apoyo
popular para innovar, radicalizar y profundizar en el cumplimiento y resolución
de las demandas sociales. Se trata de continuar gobernando y gobernar innovando;
de gobernar para profundizar el cambio.
Por todo
ello, concebimos este Programa de Gobierno como un conjunto de principios, objetivos
y propuestas políticas que permitan la más amplia articulación social y
política con todas aquellas voluntades que aspiren hacer del Ecuador una Patria
Altiva y Soberana. El presente texto contempla un extenso abanico de propuestas
y líneas de acción para los próximos cuatro años, una verdadera agenda de la
Revolución Ciudadana a implementar por parte del Gobierno y de la Asamblea
Nacional. Para el cumplimiento del Programa de Gobierno será imprescindible
contar con la participación de organizaciones, colectivos, movimientos y de la
ciudadanía en general. La existencia de una población viva, activa y crítica es
condición de necesidad y posibilidad para continuar en la búsqueda del
ambicioso reto que dibujamos en Montecristi y ratificamos, hoy, con este
programa político. Estamos convencidos de que las transformaciones emancipadoras
que nos propusimos en 2007 no podrán conseguirse con el simple accionar de los
poderes. Tenemos que ir más lejos. Necesitamos incluir a nuevos actores
sociales que se junten al esfuerzo transformador de la Revolución Ciudadana.
Hemos demostrado con acciones concretas nuestra voluntad de cambio estructural
de las raíces de la injusticia, la discriminación y la explotación de mayorías ciudadanas.
La lucha por la profundización del cambio requiere de un claro liderazgo
político, de una responsable y fuerte militancia con capacidad crítica para
afianzar el proyecto de transformación y del fortalecimiento de estructuras organizativas
de diverso tipo en todo el territorio nacional. Este es el momento, este es el
lugar para unirnos, para juntar sueños, fuerzas y esperanzas en una apuesta
política para conquistar nuestra segunda y definitiva independencia, para
lograr proyectarnos hacia el futuro, para hacer de este Ecuador una Patria
inmensa en donde el trabajo, la justicia, la libertad, y la solidaridad nos identifiquen
como un pueblo digno, democrático y soberano.
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